La Fundación Héroes del 30 de Mayo conmemoró ayer el 55 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, en un acto en que se abogó por el fortalecimiento institucional del país, de la democracia y se hizo un homenaje póstumo a Eduardo Sánchez Cabral y José Antonio Bonilla Atiles, y se reconoció a Jorge Rodríguez Gómez y Federico Carlos Alvarez, luchadores antitrujillista.

El acto que se desarrolló en el monumento a los Héroes del 30 de Mayo, en avenida del mismo nombre, contó con la asistencia masiva de personalidades de diversos ámbitos que recordaron el sacrificio y amor a la patria, la libertad y la democracia de los hombres que se unió para derrocar al régimen Trujillista, que gobernó a República Dominicana desde 1930 a 1961.

Carlos Báez Brugal, de la Fundación Héroes del 30 de Mayo, resaltó la valentía, sacrificio y entrega a la Patria de Juan Tomás y Modesto Díaz; de Antonio de la Maza, y su hermanos Mario, Ernesto y Bolívar; de Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Amado García Guerrero, Luis Manuel Cáceres, Miguel Angel Báez Díaz, Luis Amiama Tío, Severo Cabral y Antonio García Vásquez todos ya fallecidos, menos Antonio Imbert Barrera.

“Las campanas que asomaban la libertad de un pueblo sometido a toda clase de abusos, humillaciones y vejámenes empezaron ya a sonar cuando en horas de la noche cayó abatido el tirano, en este mismo lugar que hoy nos encontramos”, dijo.
Recordó la tortura a que tras la muerte de Trujillo fueron sometidos los ajusticiadores y sus familia, hecho que afirmó no deben olvidar los dominicanos para evitar que se repitan.

“Para poseer una democracia verdadera tendríamos que resetear como una computadora llena de virus a esta sociedad, porque necesitamos renovarnos como nación. Quizás tendríamos que comenzar de nuevo de cero”, expresó.

Cuestionó el clientelismo, la compra de conciencia y el voto asegurado por las ayudas. Planteó que en el país se debe pensar con urgencia en implantar reglas claras bajo una ley electoral y una ley de partidos que funcionen para reformar los procesos electorales, pero vigilando para evitar que esas legislaciones sean un traje a la medida para quienes la fomenten.