Tania Hidalgo 
Con la experiencia que le dan sus 18 años en el sistema de justicia, en el que ha sido desde paralegal, oficinista, juez de paz, de atención permanente, hasta titular del Tribunal Superior Administrativo, Franklin Concepción Acosta pone al desnudo el desconocimiento sobre el derecho administrativo que dificulta su cabal aplicación y vulnera los intereses de los ciudadanos, sobre todo, de los más pobres.
El abogado y catedrático, nativo del empobrecido municipio La Descubierta, provincia Independencia, busca con la obra “Apuntada Ley no. 107-13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo” llevar información adecuada y oportuna sobre la materia de una forma llana y de fácil manejo.
“Esta ley establece las bases jurídicas para centrar el derecho administrativo en las personas y en sus derechos fundamentales”, dijo el magistrado al ser entrevistado para La Esquina Joven de HOY.
Añadió que constituye el verdadero avance del ordenamiento administrativo dominicano.
Enfocado. Durante el conversatorio, Concepción Acosta recuerda sus inicios en el ejercicio y su llegada a la capital cuando apenas tenía 17 años de edad y tomó la decisión de dejar a sus padres para venir a vivir con sus hermanos, siempre con la firme convicción de que la formación académica y el estudio serían las bases que lo llevarían a lograr los objetivos deseados.
Es licenciado en derecho, por la Universidad Apec, con una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana (Unibe), y otra en Derecho de la
Administración del Estado en la Universidad de Salamanca (España).
Formado en el Programa de Capacitación de Aspirantes a jueces de Paz de la Escuela
Nacional de la Judicatura (ENJ), equivalente a máster en Administración Judicial, cursó también una especialidad en Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Tiene diplomados en Derecho Tributario, y Derecho Procesal Penal, ambos impartidos por la Escuela Nacional de la Judicatura y en Derecho Penal por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y la Fundación Institucional y Justicia (Finjus).
Le apasiona la docencia. Desde 2009 es docente de Derecho Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Además, imparte Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
De igual manera, Derecho Administrativo, Penal, de Trabajo y Constitucional, en Unibe.
En Utesa, imparte Derecho Procesal Administrativo en la maestría de Derecho Laboral y Administrativo.
Ha sido docente en talleres y diplomados impartidos en pueblos.
Desde 2015 es coordinador del programa de maestría de Derecho y Procedimiento Administrativo de la UASD.
El magistrado es padre de tres niñas de 18, 10 y 7 años de edad, a quienes quiere dejar como legado el haber administrado justicia con eficacia, transparencia, seriedad y responsabilidad.
