Extender la mano suplicante de ayuda para superar dolencias críticas es algo a lo que se apela repetidamente. Una búsqueda de generosidad ciudadana que puede ser a vida o muerte. El Sistema público de Salud mantiene un programa limitado de recursos para asistir a gente enfrentada a enfermedades catastróficas y las reacciones particulares de filantropía sirven en ocasiones para los mismos fines. Lo que en este medio no se garantiza, como debe ser, es el auxilio oportuno en respuesta institucionalizada a la desesperación de familias sin recursos y con enfermos en fase crítica. Para angustia de la sociedad, en ese renglón la Seguridad Social es excluyente y de poca cobertura a pesar de que el derecho a la salud es de aplicación universal. Sin excepción de ciudadanos.

El país ha acumulado un gran ahorro que reposa en bóvedas o va en chorro a gastos públicos no especificados (que finalmente no alcanzarían para pensiones justas a los afiliados) mientras se escucha a familias que apelan públicamente a almas piadosas para enfrentar estados de niños muy enfermos y en riesgo de morir. Lo mismo ocurre repetidamente con pacientes adultos de condición humilde por la realidad de que la asistencia médica más efectiva, la que resulta de avances científicos, es incosteable generalmente, incluso para personas de ingresos medios, cotizantes casi siempre de un sistema que luego no les dice presente.

Una omisión imperdonable

Por más vuelta que se quiera dar al asunto, es inexcusable la falta de leyes para que el sistema de partidos y electoral esté ya bien reglamentado. La función legislativa, sometida a retrasos y parálisis por la influencia de un solo litoral político, está de espaldas a los reclamos institucionalistas de la sociedad de dotar a este país de los instrumentos jurídicos imprescindibles para lograr justas comiciales presididas por la equidad, sin el empleo excesivo y parcializado de recursos que condicionan la expresión de la voluntad popular. La Junta Central Electoral, autoridad en materia de sufragios, con calidad e independencia para demandar que el Congreso refrende el fundamento legal de que carece, ha predicado en el desierto. No se concibe que exista intención de prolongar una obsolescencia conveniente a algún proyecto político; no a la genuina democracia.