La decisión tomada por el presidente de la República, Danilo Medina, de desestimar la firma del Pacto Migratorio representó una medida oportuna, valiente y correcta en razón de las implicaciones de naturaleza financiera, económica y social con cargo al gasto corriente público que habrían resultado de manera indefinida si se hubiese asumido el pacto como fue propuesto, afirma un trabajo publicado en Página Abierta del Banco Central, de la autoría de la economista Ellen Pérez Ducy.
El trabajo saluda esa decisión y aboga por que las discusiones futuras sobre el tema vayan más allá de enumerar los objetivos humanitarios anhelados planteando de manera específica las limitantes de asimilación y financiación que enfrentan los distintos países signatarios en aras de promover tanto los derechos humanos como los económicos en el desarrollo global.
Destaca el enorme esfuerzo que la República Dominicana ya ha asumido para regularizar y proveer servicios a los migrantes informales e ilegales.
Explica que si bien los migrantes no pueden perder sus derechos humanos, la migración a otro país, sin la anuencia del receptor, no puede ser un derecho humano. La implicación más importante de lo anterior es que si la migración fuese un derecho humano las fronteras serían ilegales. Esto atenta contra el concepto de Nación-Estado como unidad territorial.
Agrega que el dilema planteado, enfrenta los derechos de los migrantes versus el derecho a migrar a otro país. En términos económicos, la migración no autorizada representa la decisión de traspasar problemáticas individuales a las políticas públicas del país receptor cuyo costo económico va a cargo de los ciudadanos en el país receptor (sin contar los costes biológicos, culturales y políticos que pudiera acarrear).
Cabe diferenciar esta decisión unilateral, donde las cargas y los beneficios no están bien distribuidos, del caso de la migración legal – que ya es segura, ordenada y regular- la cual representa un acuerdo entre las partes, presumiblemente en beneficio mutuo. En ese sentido, el debate, y el documento, tienden a confundir los beneficios de la migración legal con la ilegal.
Señala en términos cuantitativos, la migración legal siempre será inferior al nivel deseado ilegalmente, donde, por cierto, se concentran los trabajadores menos calificados. Es, pues, responsabilidad y derecho de los estados represar la migración ilegal, si más nada por razones económicas.
Esto es mucho más eficiente que permitir y acomodar la migración, para luego procesarlo, estudiarlo, y cargar con el costo de repatriación como estipula el documento.
El problema migratorio solo se agravará con el tiempo tomando en cuenta que a la migración política y económica habrá que sumarle en el futuro la migración climática y la de género.