La Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acusan al Grupo Tremols Payero de la comisión de un fraude fiscal por RD$4,127 millones, cifra que se elevaría a RD9,000 millones con los intereses y otros recargos.
Al grupo se le acusa de uso de sociedades fantasmas y Número de Comprobante Fiscal (NCF) falsos para simular costos y gastos con la intención de disminuir ilegítimamente los impuestos. También la compra e importación de materias primas con el fin de producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas (ron, whisky, licores y vinos) para su posterior venta y dejar de pagar el impuesto correspondiente.
Además presentación de reportes y declaraciones juradas sustentados en compras ficticias, así como la obtención de bienes provenientes de actividades ilícitas, ocultamiento de bienes, posesión, administración y utilización de bienes procedentes del lavado de activos.
Los implicados hasta el momento son Ramón Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Maritselly Cruz López, Néstor López Alcántara, Wáskar Alberto González Payero y Doris López Urbáez.

De acuerdo a la DGII, estas personas físicas se valieron del uso de varias sociedades comerciales, entre las que se encuentran: Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (LIBEPA), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (DOTERCO), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (LIBEDOM), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L., Licores Royal, S.R.L., entre otras.
Esquema. De acuerdo a la DGII, la investigación se inicia cuando a través de sus mecanismos de control, detecta que algunas de las empresas del Grupo Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.
Así se determinó que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos (ficticios) de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes.

“La gran mayoría de las compañías utilizadas para las operaciones ficticias por valores multimillonarios no tenían capital de trabajo, no tenían patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban impuestos, no tenían planilla de personal fijo, no reportaban compras o importaciones que le permitieran justificar las ventas ficticias que realizaban a empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades inoperantes, que por su lado tampoco tenían una estructura para realizar estas operaciones y sus domicilios reportados eran falsos”, expresa la acusación.

Agrega que algunos de los propietarios o controladores de las compañías que supuestamente vendían mercancías a las empresas del citado grupo, admitieron que no tenían relación con estas últimas, que no vendían los productos indicados en las facturas falsas que se producían, que no habían autorizado el uso de sus NCF para tales operaciones, e incluso que sus empresas estaban sin operaciones.

“La estafa al Estado estaba de tal manera planificada que cuando la DGII descubría una de estas compañías en tales actividades, las operaciones eran trasladadas de inmediato a otra de las empresas del Grupo, y así lo informaban a algunas de las empresas con las que sí realizaban operaciones legítimas, señalando que la nueva empresa “es parte de nuestro grupo empresarial y la estaremos utilizando para nuevas órdenes de compra”.

La entidad indica que de esta manera se burlaba el pago de Impuestos Sobre la Renta y el ITBIS. Y que las maniobras fraudulentas también estaban dirigidas a dejar de pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que debe ser pagado al momento de la fabricación (destilación) lícita y habilitada de alcohol.
Se informó que las empresas del grupo que estaban habilitadas para destilar alcohol eran Bodegas de Iberia y Licores Royal, que luego entregaban el producto a sus propias compañías distribuidoras. Sin embargo, estas compañías distribuidoras, sin estar habilitadas para destilar, adquirían todos los insumos para la destilación y embotellamiento y en complicidad con otras empresas del Grupo se dedicaban a la destilación clandestina de alcohol, evadiendo el pago del ISC.
Tipos penales. En cuanto a los tipos penales sancionados en el Código Tributario y el Código Penal y de los cuales se acusa a los empresarios están: defraudación tributaria; elaboración y comercio clandestino de productos gravados; perjurio y falsedad en las declaraciones juradas; falsedad y uso de documentos falsos; lavado de activos; estafa contra el Estado y asociación de malhechores
Allanamientos. La fiscalía informó que la noche del pasado miércoles realizó allanamientos simultáneos en varios de los establecimientos comerciales citados, cuyos propietarios serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas. Desde ayer algunos de los implicados se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La fiscalía detalló que en el operativo participaron 18 fiscales e investigadores con el apoyo de la DGII, así como de la Policía Nacional.

La titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó que el operativo, establece un gran precedente, “al tratarse de personas que han defraudado al Estado dominicano por varios años”.
1. Productores de ron
La Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) dijo ayer que ha expresado públicamente su apoyo a todas las acciones que el gobierno está llevando a cabo para reducir la evasión fiscal en la industria y el mercado de las bebidas alcohólicas.
2. Los esfuerzos
La entidad expresa que en los últimos dos años la Dirección General de Impuestos Internos ha hecho un gran esfuerzo para poner freno a las ilegalidades y este caso sienta un precedente importante.