Por muchos años, Estados Unidos se pudo preciar de ser una de las economías más abiertas del mundo.

Para los integrantes de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el arancel promedio cobrado por Norteamérica era de 3.5 por ciento, uno de los más bajos entre sus integrantes.

Para países como México y Canadá, en casi la totalidad de sus exportaciones el arancel ha sido de cero desde la vigencia plena del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), iniciado en 1994.

Esta era comercial lleva vigente ya más de un cuarto de siglo. Podríamos decir que la apertura comercial como instrumento para el desarrollo se convirtió por muchos años en un paradigma respaldado por los gobiernos norteamericanos de ambos partidos, demócratas y republicanos.

Este hecho comenzó a cambiar en noviembre de 2016, con el triunfo electoral de Donald Trump.

Hay que recordar que la primera intención del presidente estadounidense fue repudiar el TLCAN desde el primer día de su mandato, como hizo con el Acuerdo Transpacífico.

Sin embargo, el trabajo de cabildeo realizado por el gobierno y el sector privado de México fue determinante para que en lugar de la ruptura hubiera una renegociación.

En noviembre de 2018, tras año y medio de negociaciones, con todo lo que ello implica en incertidumbre, finalmente se suscribió el nuevo acuerdo: el T-MEC o USMCA. Pero los impulsos proteccionistas subyacentes de Trump no se acabaron, sino que se mantuvieron presentes. La diferencia en los últimos meses fue que el blanco fue China, país al que ya se le impusieron aranceles en prácticamente la totalidad de los productos que envía a Estados Unidos.

Sin embargo, sorpresivamente, el 30 de mayo de nuevo Trump cambió el foco de su atención hacia México.

Al momento de escribir este texto, se esperaba la confirmación de aplicación de un arancel de 5 por ciento en Estados Unidos a todas las importaciones provenientes de México, a lo cual seguiría un incremento de 5 puntos cada mes, empezando el 1 de julio, hasta llegar a un tope de 25 por ciento a partir del 1 de octubre. Tan grave como la medida es el argumento que se esgrimió para justificarla. En su anuncio del 30 de mayo, Trump invocó la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Esta legislación, que data de octubre de 1977, permite que el presidente de Estados Unidos regule el comercio después de declarar una emergencia nacional en respuesta a una amenaza extraordinaria e inusual a su país proveniente del extranjero. La ley fue firmada el 28 de diciembre de 1977, por el entonces presidente demócrata Jimmy Carter.

Bajo este marco, el Ejecutivo norteamericano está en capacidad de bloquear transacciones, congelar activos o incluso confiscar propiedades.
Otras sanciones
Bajo esta legislación se han impuesto sanciones contra quienes se presumen enemigos de Estados Unidos, como Irán en 1979, los narcotraficantes colombianos en 1995, por citar solamente algunos de los casos más ilustrativos. Imponer sanciones comerciales a México, como un arancel generalizado a todas sus exportaciones, implica virtualmente poner al país completo en la lista de los enemigos más reacios de EE.UU.