El 2017 pasará a los anales de la historia continental como el año de la lucha contra la corrupción de Odebrecht. Periodo durante el cual el famoso escándalo de los sobornos repartidos por la conocida empresa brasileña entre funcionarios, políticos y empresarios de alto rango en distintos países, adquirió su connotación más elevada, con procesos judiciales, encarcelamientos y espectaculares dimisiones.
Fue en el curso de este agonizante 2017 que el otrora poderoso emporio brasileño de la construcción identificó a los supuestos beneficiarios de la República Dominicana y de otros 11 países, ocasionando un terremoto político de graves consecuencias en muchas de las naciones afectadas, como en Perú, Guatemala y Colombia.
En República Dominicana el procurador general, Jean Alain Rodríguez, sometió a la Justicia a 14 personas, entre ellas al representante de la firma Odebrecht, junto a políticos de alto nivel, legisladores, funcionarios del Gobierno, dirigentes del PLD, el partido de Gobierno y del opositor PRM, profesionales y empresarios.
El referido escándalo afectó la imagen del Gobierno y la credibilidad del propio presidente Danilo Medina, quien a pesar de lo cual ha salido airoso moral y políticamente del peligroso entuerto no obstante esfuerzos infructuosos de la oposición y de un sector mediático por incriminarlo.
Secuela del ominoso escandalo propagado desde Brasil y Estados Unidos al resto del mundo ha sido el surgimiento en las calles dominicanas de la Marcha Verde, al principio un movimiento de ciudadanos indignados contra la corrupción y el régimen de impunidad judicial imperantes, pero que ha derivado en una organización controlada por la oposición.
De todas formas, tanto el affaire Odebrecht, las protestas ciudadanas y la prensa han presionado a las autoridades del gobierno y la justicia que ha prometido sacudirse del estercolero que la arropa: la corrupción.