En nuestra Constitución, tristemente bautizada y conocida como “un pedazo de papel” que algunos políticos, con sus actuaciones, le agregaron el apellido “de sanitario”, no existe una figura jurídica que plantee la destitución del presidente de la República y/o su inhabilitación para el cargo por razones de conducta moral y condición física. Solamente su muerte o renuncia están contempladas y aquí es casi imposible que un presidente renuncie, porque ser presidente es como estar santificado para dirigir destinos, aunque sea en una liga barrial de béisbol; imagínense entonces lo que es manejar miles de millones de pesos con un presupuesto nacional a su disposición.
Se necesitan las tres cuartas partes de los votos en la Cámara de Diputados, pero no hay ni un solo delito tipificado en el Artículo 83 de la Constitución y si así fuera, nuestra democracia de arrastre, sobornos y protección mutuos, hace imposible una interpelación, acusación y/o destitución del presidente.
Aunque ahora no es tiempo ni pertinencia de encuestas, no cabe dudas de que la “popularidad” gubernamental no está en el famoso y saboreado 62% y faltan 35 meses para premiar o castigar a gobernantes y funcionarios electos. Gobierno y oposición serán nuevamente puestos a prueba en sus habilidades para hacer olvidar o recordar estos días de Odebrecht y marchas verdes. Uno tratará de que poco o nada se recuerde y los otros de que la memoria popular perviva, salvo que continúe la irresponsable y alocada carrera de préstamos, la economía entre en crisis y no sea necesario olvidar ni recordar, porque la despiadada presión de los acreedores marcaría indefectiblemente el futuro de la nación.