9-1-1 por nuestros niños y niñas

Millizen Uribe

Lamentablemente, en estos días han trascendido a la opinión pública varios casos de abusos físicos y sexuales contra menores de edad.
Si analizamos estos hechos, veremos que un factor común es que han sido cometidos por personas cercanas: progenitores y otros familiares.
Lógicamente, la frecuencia de los que no salen en la prensa debe ser mucho mayor y esto es un elemento preocupante, primero porque revela que hay una cantidad importante de niños y niñas a quienes se les están violentando derechos fundamentales y, segundo, porque evidencia un aspecto más de la ya profunda descomposición social de nuestro amado país.
Ahora bien, ¿Cómo ver la luz al final del túnel? ¿Cómo accionar y poner nuestros granitos de arena para que estas situaciones, lejos de ser más frecuentes, se erradiquen?
Me parece que, como en otros casos, la solución es multifactorial, y planteándola de manera inductiva, va desde lo particular hasta lo general.
En este sentido, es vital que en el seno familiar, los integrantes estén atentos ante cualquier comportamiento indebido de alguien hacia los menores. Además, que evitemos excesos de confianza. Como están las cosas, hay que recelar de todo el mundo, hasta de los mismos padres y madres, por lo que, sin entrar en un estado de paranoia, es preciso cuidar a nuestros niños y niñas de los unos y de los otros.
En un plano más amplio, invocar la responsabilidad del Gobierno-Estado (CONANI, Ministerio de la Presidencia). Y es mucho lo que se puede hacer ahí: desde concienciación y educación para que las familias tengan capacidad de evitar y detectar a tiempo alertas de abusos sexuales, hasta mejorar sus condiciones de vida porque hay factores dentro de la pobreza, como el hacinamiento y la falta de educación, que hacen a los niños y niñas más vulnerables.
Ahora bien, como el abuso sexual no solamente ocurre en hogares pobres, es necesario que los sectores públicos y privados aúnen esfuerzos en algo básico para evitar cualquier mal: el de la prevención. Sobre este aspecto es preciso que las familias dominicanas cuenten con atención y orientación psicológica de manera gratuita, porque usualmente las terapias en este país son muy costosas, además de que hay que quitarle el estigma de que son sólo para gente “loca”. Hay que llevar los psicólogos a los barrios.
Finalmente, cuando ya no haya más remedios y acontezcan estos casos, es necesario que la prensa y la justicia jueguen un rol responsable. La primera para cumplir su deber de informar, pero sin morbo y sin revictimizar a los afectados. La segunda para garantizar que no haya impunidad, ni siquiera en los casos donde el posible victimario sea “compadre” del Presidente.


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