La Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) expresó ayer su rechazo por el aumento en los precios de los peajes, pero anunció que ‘por el momento’ no traducirá el incremento a los pasajeros.

El presidente en funciones de la organización, Juan Santana Soriano, consideró que en el caso del transporte público de pasajeros, de estudiantes y de carga debe haber una concesión especial, por lo que representará el costo.
Propuso la reunión del sector transporte para buscar una salida a la situación.

“Autoridades y actores primarios que somos nosotros, tenemos que sentarnos y buscar la manera de evitar que estos nuevos aumentos a nuestros costos operacionales vayan a ir en detrimento y deterioro de los bolsillos de los más pobres”, expresó, Santana en una rueda de prensa realizada en el sindicato.

Sobre Ley de Tránsito. En otro orden, Unatrafin favoreció la aprobación de la Ley de Tránsito, Transporte y Movilidad que cursa en el Congreso Nacional, así como la creación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, anunciado por el presidente Danilo Medina el pasado 16 de agosto, sin embargo, dijo que de ninguna manera aceptaran lo sugerido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias (AIRD) de que los transportistas no formen parte del proyecto.

“Proponer esto que plantean los empresarios e industriales es una forma sutil de boicotear la aprobación de la referida ley, pues ellos saben que nosotros no podemos estar fuera de ningún mecanismo que tenga que ver con el sector”, manifestó.

Consideró que dejar a los transportistas fuera de ese tipo de estamentos es echar por el suelo una labor de setenta años de hombres y mujeres que han dedicado toda una vida a ofrecer el servicio.

Llamado al procurador. La organización también hizo un llamado al nuevo procurador Jean Alin Rodríguez para que profundice las investigaciones sobre una denuncia hecha por el Consejo Nacional de Derechos Humanos sobre un supuesto soborno a dos altos oficiales de la Policía Nacional y un fiscal para involucrar al presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo, en un caso de presunto sicariato.