Las contabilidades de los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) retratan la urgencia de un cambio: seleccionados en el 2010 hasta diciembre del 2015 y un transitorio constitucional que permitió extenderse hasta agosto/2016. Estamos en marzo del 2017 y siguen en sus posiciones. La realidad partidaria, los cuestionamientos a directivos institucionales y el planteamiento público del Foro de Partidos evidencian que los reclamos sobre la transformación del plantel del órgano institucional no pueden asumirse como insatisfacción de sectores “inconformes” con las decisiones de los cinco jueces electorales.
En lo personal he sostenido cuestionamientos a las sentencias y comportamientos de integrantes del TSE. Además, su no disimulada postura respecto de recursos sometidos por mis abogados ponen de manifiesto el elemento básico de todas las desavenencias con amplios sectores del espectro partidario porque las decisiones revestidas de “legalidad” obedecen a un conjunto de combinaciones políticas donde el desapego a las normas e interpretaciones de la buena técnica jurídica llena de indignación a las partes que no poseen el amparo del poder oficial.

La lógica de control y hegemonía que conduce a caricaturizar la institucionalidad democrática del país tiene en su raíz toda una concepción en la que una mayoría mecánica se estableció para impedir que lo jurídico prevalezca sobre la politiquería. Piensen sobre los cinco (5) miembros, su origen, conexión partidaria, relación con los dirigentes y su militancia pública. Así se construyó el órgano electoral: dos de Leonel Fernández, uno que oscila entre Danilo Medina-Reinaldo Pared, un exdiputado de “lealtad” bifurcada entre Vargas Maldonado y el actual secretario general del PLD y un exponente de la mediación religiosa por excelencia. Por eso, no es posible una administración de la justicia electoral sana, decente y apegada al razonamiento jurídico.

Danilo Medina es un político instintivo, sabe los riesgos que implicaría en la actual coyuntura hacer de la selección de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral una reiteración del esquema del 2010. Además, el hecho de que la mayoría de los miembros del Consejo de la Magistratura están asociados a su sector dentro del PLD provoca una singular carga de responsabilidad en la elección.

Una de las tantas manifestaciones del dislocamiento de los valores para la promoción se desarrolló alrededor del intento de ocupar dos asientos en la Junta Central Electoral (JCE). En esencia, los magistrados Hernández Peguero y Giuliani Valenzuela entendían que su desempeño en el TSE garantizaba una promoción al ámbito que organiza el proceso electoral debido a lo “eficiente y efectivo” que en lo político han sido para convertir la instancia donde laboran desde 2010 en un paredón de aniquilamiento de la disidencia oficial. Al no conseguir la meta, pueden entender que su preservación en el TSE representa el premio de compensación para mantener el statu quo dentro de un sistema partidario colapsado por la incapacidad del liderazgo y el funesto rol de un tribunal que sirve de legitimador de los excesos intra-partidarios.

Ahora que en el PRD existe un cantinflesco intento de expulsarme, tengo la opción de recurrir por ante el TSE mediante un recurso de amparo. Y contrario a todos los consejos, pienso depositar la acción legal. Una razón fundamental me conduce debido a dos factores esenciales: primero, como el recurso no conocerá el fondo de la sanción es una excelente oportunidad para demostrar la falta de apego e integridad del tribunal que actuará inspirado en mis impugnaciones a ellos y no en la objetividad de estos comportarse como jueces. Segundo, lo menos que podemos esperar de los miembros del tribunal es inhibirse, debido a que tengo procesos legales en su contra y el sentido elemental del decoro los debería conducir por hacer distancias de un proceso donde nunca podrán ser objetivos. Nunca lo harán, es pedir demasiado.
Afortunadamente, también la sociedad juzga a los juzgadores.