No es necesario pagarle a los ciudadanos para que expresen públicamente sus quejas y el repudio que sienten por tal o cual situación. Las voces comienzan a sonar dispersas hasta que el común denominador las articula en coro. Ejemplos sobran: el movimiento por el 4% del PIB para educación, las movilizaciones que salvaron de la depredación a Los Haitises y Loma Miranda, y ahora la marcha verde contra la corrupción y la impunidad. Todos comenzaron por una idea que prendió porque anidaba en muchas cabezas.
Pero a nadie se le ocurre decir que el clamor de los obispos, en el Sermón de las Siete Palabras, es interesado, pagado o dirigido. Las quejas por la inseguridad, bajos salarios, corrupción, impunidad y otros males sociales están en las voces de una feligresía muy amplia y diversa. Los obispos, que al ser miembros de la sociedad también sufren en carne propia esos problemas, aportan su autoridad moral para servir de portavoces del padecimiento colectivo.
Desde el poder es común que algunas autoridades se resistan a ver lo que tienen a la vista, y que caigan en el yerro de atribuirle a lo espontáneo fines o propósitos inconsistentes con la realidad. Esa manera interesada de perder la perspectiva de la realidad no hace más que acentuar los males. La inseguridad, la impunidad y la corrupción persisten. ¿Acaso hace falta más?

La salud y su lado calamitoso

No pasa una semana sin que en el país se denuncie el mal estado o las carencias que limitan las condiciones de trabajo de tal o cual hospital del Estado. El turno ahora le corresponde al Pascasio Toribio Piantini, de Salcedo, que por falta de equipos e insumos lleva varias semanas sin poder hacer ni siquiera un hemograma, y por falta de una sala de emergencia como debe ser, han tenido que habilitar parte del salón de actos. La filial del Colegio Médico Dominicano en Salcedo describe como calamitoso el estado de ese hospital.
La situación demuestra el fracaso de la estrategia gubernamental de asumir en conjunto la reparación y remodelación de decenas de hospitales. El resultado ha sido profundizar las dificultades que se pretendía corregir y perjudicar de manera injustificada a la población que depende de esos servicios.