El Gobierno y pueblo dominicano tienen un compromiso moral con los venezolanos, no así con el gobierno de Nicolás Maduro, cuya torpeza e incapacidad han sumido al hermano país en una crisis de impredecibles consecuencias.
El panorama que vive Venezuela con una situación económica tan desastrosa que impide a sus ciudadanos acceder a medicinas, alimentos y servicios básicos, tiene que, necesariamente, desembocar en un cambio.
Un cambio que no llegará por la vía del diálogo, como pretenden algunos gobiernos que como el nuestro se resisten a aceptar que ese camino quedó cerrado con la intransigencia de un Estado que camina hacia la dictadura.
A consecuencia de la situación venezolana, miles de sus nacionales han tenido que emigrar a naciones amigas que como la nuestra recibió, según la Dirección General de Migración, a más de 35 mil nativos en el primer cuatrimestre de este año.
Ante esta realidad, la comunidad venezolana residente en el país pidió al Gobierno evaluar alternativas de solidaridad a fin de regularizar sus estatus migratorios para integrarse al desarrollo económico del país, según anunciaron en un documento público leído en rueda de prensa.
Esto implica la reducción de los impuestos que deben pagar al Estado para la regularización y extensión de su presencia en el país y la posibilidad de integrarse al trabajo formal las personas que deambulan por nuestras calles realizando actividades no relacionadas con sus profesiones u oficios.
Dejando de lado el chauvinismo y celos de algunos, considero que el Gobierno debe crear los mecanismos necesarios para ayudar a tantas personas que producto de la situación política y económica de su país, necesitan la mano amiga del pueblo dominicano.