La confrontación entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación (Minerd) por la cancelación de 3,929 docentes se mantiene, debido a que el gremio dice que en el grupo hay muchos en licencia médica pre y post natal, proceso de jubilación o pensión, por lo que demandó una nueva depuración.
Ayer, miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la ADP se reunieron con Maritza Miranda, directora de Recursos Humanos; Vivian Baéz, de Gestión y Harold Díaz, técnico del Minerd, quienes prometieron que hoy ofrecerán el listado de los maestros cancelados. Luego de ser analizados, la ADP ofrecerá una rueda de prensa a las 5:00 de esta tarde.
Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, dijo que en el encuentro expusieron la incertidumbre que vive el magisterio en estos momentos, a la vez que solicitaron una segunda verificación a los afectados, en la próxima semana, como se realizó en la jornada anterior.
“Estamos convencidos que de esos 3,929 maestros que todavía no cobran su sueldo existen profesores con licencia médica pre y postnatal y en proceso de jubilación o pensión, y a esos maestros los defenderemos, como un derecho que les asiste”, insistió Hidalgo.
Mientras que Miranda aseguró que las autoridades han actuado apegados a las normas con los profesores “suspendidos, hasta que se concluyan con las investigaciones de la auditoría”. Báez informó que sigue habilitado una nave móvil en la sede del Minerd, recibiendo los casos que no se han verificado.
Según Minerd, de casi 8,000 maestros que habían sido bloqueados, se determinó que 4,169 cumplían su labor y fueron reactivados, mientras que 3,929 se separaron. Los reactivados comenzaron a cobrar ayer.
Justicia. Previo a la reunión, en rueda de prensa dirigentes de las corrientes magisteriales Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez advirtieron que el Minerd debe ofrecer evidencias que prueben que los 3,929 no laboran, o de lo contrario el ministro Andrés Navarro se expone a ser sometido a los tribunales, por violar derechos fundamentales y el debido proceso. Pidieron investigar quiénes nombraron los maestros que alegan no trabajan.