El cumplimiento de leyes mineras, ambientales y de las áreas protegidas con sus reglamentos y normativas vigentes dentro del marco jurídico nacional atrajo una inversión por encima de los 6,200 millones de dólares a República Dominicana en los últimos 10 años.
Según el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), José Sena, esas inversiones han tenido un importante impacto en la economía dominicana, la cual creció un 6.6 por ciento, lo que hace de la minería el sector de mayor crecimiento, con un 26.3 %, líder de las exportaciones nacionales con 1,779 millones de dólares.
Sena ofreció esas declaraciones ayer al dictar la conferencia “La minería responsable y su impacto en el desarrollo económico, integral e inclusivo de la República Dominicana”, durante un almuerzo organizado por la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad.
Destacó los beneficios de la aplicación del concepto de minería responsable, indicando que para que las empresas de ese sector puedan lograr financiamiento se les exige el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sociales, los convenios internacionales sobre la biodiversidad, el cambio climático y la seguridad jurídica para el inversionista.
Indicó que la minería responsable impulsa la economía, atrae inversiones, genera empleos, mejora la calidad de vida, protege el medio ambiente y genera un desarrollo social durable como podemos apreciar por lo antes dicho, y puso como ejemplo los resultados de un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de los años 1993, 2002 y 2010 que señalan que La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Pedernales mejoraron significativamente su índice de pobreza luego de las inversiones mineras en estas ciudades.

Sena explicó que la minería responsable ha sido avalada por el Consejo Internacional de Minería y Metales, dentro de los Principios del Desarrollo Sostenible para las naciones que tienen el privilegio de alojar en el subsuelo minerales metálicos, no-metálicos e hidrocarburos.

El presidente de la Camipe precisó que uno de los compromisos de la aplicación del concepto de minería responsable es contribuir con el desarrollo social, económico e institucional de las comunidades donde operan las minas, así como la entrega de los beneficios económicos al Estado, a la provincia que aloja el yacimiento con sus municipios y comunidades, también al inversionista guiado por la transparencia del fideicomiso para estas localidades y zonas mineras, como del fondo minero para las futuras generaciones.