En la cosmovisión conceptual que atesoro alusiva a la comunicación, desde que empecé a ejercerla en 1957, cuando casi todos los que hoy actúan no soñaban nacer, sostuve que debía y tenía que practicarse para servir y apenas sobrevivir económicamente.
Esa fue la escuela que aprendí de mis grandes inspiradores, Radhamés Gómez Pepín, Luis Enrique Franco Anido, Rafael Molina Morillo, Rafael Herrera y Germán Emilio Ornes Coiscou, solo Enriquito Franco y Ornes disfrutaron gran bienestar económico, el primero por herencia, el segundo por coyuntura política especial.
Ahora, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, abre sendos expedientes a los comunicadores Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara, identificándolos en conexión con el conocido lobista Angel Rondón, señalado como el hombre del maletín tras los contratos escandalosos con la transnacional constructora brasileña Odebrecht.
Debe señalarse que los personeros vinculados a Odebrecht-RD fueron privados de los visados por el imperio, disposición que trastorna el sueño a más de uno aquí y en casi todo el mundo.
El PGR, que es jurista de experiencia, se supone dispone de los elementos probatorios para identificar a estos dos comunicadores con la trama de Lava Jato-RD, y de ser cierto, entonces debe proceder a incoar el debido proceso para clarificar conductas que inicien las sanciones a comunicadores, creyéndose muchos por encima del bien y del mal, procediendo en la creencia que son intocables, porque esgrimen el chantaje de que si se les cuestiona judicialmente, se trata de un atentado a la libertad de expresión, y no a sus inconductas.
Es el momento estelar para que la PGR inicie el saneamiento de un ejercicio público que viene comportándose sin control, identificando el origen de las fortunas de éstos dos, y otros comunicadores.
Es cuanto. Pero que empiece.