La defensa de Ángel Rondón advirtió al juez de la instrucción especial Francisco Ortega que debe examinar bien nuestro ordenamiento jurídico constitucional y procesal antes de decidir si procede la solicitud que le hizo el abogado Francisco Álvarez a nombre de Participación Ciudadana (PC), para que le entregue copias de toda la documentación del caso Odebrecht, y de las pruebas que puntualmente pueda pedir, a fin de darle seguimiento al proceso.
En una instancia de respuesta al juez sobre esa solicitud, los abogados de Rondón dicen que es preocupante el interés de PC por tener acceso a documentos judiciales sin ser parte del proceso para el cual esa documentación es relevante.
Piden al magistrado Ortega tener en cuenta que la intervención mediática o de terceros sin interés legal en el proceso penal, no siempre es sana ni se inspira en proceso de justicia.
“Ni el licenciado Francisco Álvarez, ni la institución que él representa son partes del presente proceso (por lo que no es posible presumir el interés que pudieran tener en el mismo dichos solicitantes)”, subrayan los abogados de Rondón, José Miguel Minier, José de los Santos Hidalgo, Guillermo García Cabrera, Emery Colomby Rodríguez e Ignatz Freud Madera.
MP la usa para suplir falencias. Afirmaron que uno de los recursos utilizados por el MP para fortalecer su caso contra Rondón “es su manifiesto apalancamiento en los medios de comunicación y organizaciones activistas de la denominada sociedad civil, con el propósito de suplir con la presión mediática las debilidades probatorias y violaciones al debido proceso, jurídicamente insalvables que contiene su acusación”.
No se opone pero… Aclaran que, en principio, Rondón, a título personal, no se opone a la entrega de la documentación, pero le exige al juez que previamente proceda al examen jurídico del ordenamiento constitucional y procesal, a fin de establecer la procedencia o no de tan inusual petición, partiendo de que en el presente caso no es aplicable el principio de justicia rogada, porque el solicitante no ostenta la condición de parte.
Además entienden que resultaría saludable que PC establezca con precisión cuál es la finalidad “de su inusual pretensión de incursionar en la esfera de un proceso que le es extraño…”, afirmando que eso le permitiría a ellos hacer una evaluación adecuada y objetiva desde el punto de vista de los intereses de su defendido.

“Lo anterior nos obliga a recordarle a su Señoría, que es una obligación de esta jurisdicción cuidar el proceso de cualquier riesgo de contaminación, proveniente ya sea del populismo, del injerencismo foráneo o de la presión mediática interesada. No es la primera vez que la presión mediática se convierte en un elemento perturbador de la justicia penal”, agregan.

Lo han facilitado todo. Afirmaron que Rondón siempre ha sido partidario de que todo sea de conocimiento público, para evitar que el secretismo y la opacidad obstruyan el esclarecimiento de la verdad, “y la manipulación mediática de los hechos termine configurando una visión sesgada de la verdad en beneficio de poderes fácticos que no necesariamente actúan conforme a los legítimos intereses de la justicia y de la sociedad”.
Resaltaron que 72 horas después de que el órgano investigador se lo solicitara, depositó cinco carpetas con todos los documentos relacionados con su ejercicio empresarial y como representante comercial de Odebrecht correspondiente al período 2001-2014, conjuntamente con el escrito de reparos que le hicieron a la acusación en su contra, consignando una copia extra para que le sea entregada a terceros interesados.
El pasado 23 de agosto Álvarez remitió una comunicación al juez de la instrucción especial Francisco Ortega solicitándole copias de todos los escritos del caso Odebrecht y de las pruebas que puntualmente pueda solicitar, a fin de cumplir con la labor de seguimiento del caso que le ha asignado Participación Ciudadana. Esa solicitud le fue notificada a Rondón por la Secretaría General de la SCJ, mediante Acto de Alguacil número 70918, del 30 de agosto. Rondón respondió el 3 de septiembre.
Los defensores dicen es “inquietante” que Álvarez y PC tengan tanto interés en auditar un proceso penal que está en manos del más alto tribunal de la República, en nombre de una supuesta cruzada en contra de la corrupción y la impunidad, y no por casos más graves y amenazantes de la independencia jurisdiccional como suspensión jueces sin juicio previo.