P. Profesor, si la ley ambiental 64-00 manda y la Carta Magna la establece como prioridad,¿por qué República Dominicana no tiene una Ley de Ordenamiento del Territorio y de Uso de Suelos?

R. La respuesta es más que evidente, del caos se benefician muchos funcionarios indisciplinados (públicos y privados), sacándole provecho para sus intereses al clima ingobernabilidad del ambiente, importándole muy poco el porvenir o el futuro del país.
Aunque el ordenamiento territorial luce elegante, atractivo y hasta patriótico para el discurso, no concita suficiente apoyo político en los ámbitos claves del poder político (ejecutivo ni congresual), porque ello implica la imposición del orden en medio del caos y la locura en que se desenvuelve el uso del suelo y la vida de la nación dominicana.
Aunque parezca mentira, el dejar hacer y no molestar a nadie, es política inmediatista sumamente rentable, aunque resulte catastrófica social y económicamente para el país.
Por esta razón tenemos las márgenes del Ozama y el Isabela completamente arrabalizadas, infinidad de cañadas que en realidad son cloacas desembocando el en Yaque del Norte, Higuamo en San Pedro de Macorís o el Jaya en San Francisco de Macorís y el Haina en Santo Domingo, con industrias, gasolineras y lavaderos de vehículos en sus dominios fluviales.
¿Quién pone freno a la megaminería que construye presas de cola en la misma cabecera de los ríos, para almacenar residuos peligrosos en lugar de agua o a la otra minería llamada no metálica, que destruye el paisaje, arruina yacimientos arqueológicos únicos en el mundo y valores culturales insustituibles? ¿Quién pone freno al crecimiento urbanístico atolondrado sobre suelos agrícolas de primera calidad y a la instalación de infraestructuras de desarrollo industrial que afectan la calidad del agua destinada al consumo humano?
Aunque el Congreso Nacional contempla en su agenda legislativa presente el conocimiento y aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelos, aprobada en par de ocasiones en la Cámara de Diputados, pero cayéndose en el Senado; no despierta esperanzas a la vista de que realmente el país pueda contar con una pieza legal que imponga la gobernabilidad del ambiente y el cuerpo físico de la nación dominicana.
Afortunadamente contamos con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los únicos espacios legalmente ordenados y protegidos, aunque en la práctica el desorden de dejar hacer,siga restando calidad a los tesoros biológicos bajo resguardo y a bienes naturales claves para el desarrollo.