La crisis de la representación democrática, o lo que la teoría moderna de la representación llama “desafección política”, ha impedido el desarrollo de la democracia participativa.
Hay factores que inciden en esta crisis de representación, y el mayor de ellos tiene su origen en la desconfianza en la política que se ha generado en la ciudadanía, la que cada vez es más notable por la profunda desconexión entre las organizaciones políticas y la comunidad.
Las valoraciones y estudios que se realizan para determinar el estado de la Democracia expresan como causas la muy baja percepción que tiene la ciudadanía sobre su funcionamiento, la escasa confianza en las instituciones del sistema político que la componen como el gobierno, el congreso, el sistema judicial, los partidos políticos, los sindicatos, entre otros.
El grado de confianza en el gobierno y en los partidos políticos influye muy directamente en la crisis de la representación, ya que, una ciudadanía poco comprometida con estas instituciones va a reflejar pocos niveles de participación en la toma de decisiones que le afectan. Esto tiene su origen en que cada vez los partidos políticos, por lo menos en Latinoamérica, carecen de mecanismos de democracia interna, transparencia y alcance a sectores y grupos de intereses que confluyen a su alrededor.
La crisis de representación en la democracia ha traído nuevos actores que inciden en la agenda política y que han cambiado el modelo actual de participación por uno más inclusivo que no necesariamente tenga como centro los partidos y organizaciones políticas. De esta forma, los movimiento sociales germinados en España como el 15 M de España, Los Indignaos, y los surgidos en la Primavera Árabe, empezaron a configurar un nuevo esquema que desea superar las deficiencias del sistema de representación y la democracia participativa.
Es por esta razón que procede responder la siguiente cuestión: ¿Cuáles son los dos niveles básicos de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa?
La democracia participativa es una nueva forma de gestión pública basada en la democratización de la toma de decisiones, que contribuye a reducir significativamente las prácticas clientelistas, incentivan la ciudadanía a participar en las cuestiones de gobierno con creativas formas de prácticas democráticas, y capacita a los(as) ciudadanos(as) sobre la manera en que debe decidirse temas trascendentales como la formulación del presupuesto y la inversión pública.
Los dos niveles básicos de participación de la ciudadanía pueden denominarse como: informativos y consultivos. En el primer caso, se genera un flujo de información que no permite la retroalimentación y deja fuera todo proceso de negociación directa sobre lo informado; en el segundo caso, se reciben opiniones y sugerencias sobre grupos de intereses o personas involucradas en el tema en cuestión.
Es por ello que, la nueva forma de democratizar y reducir la crisis de representación o desafección política debe implicar un modelo que incluya la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones como mecanismo de legitimación de las decisiones políticas. Esto es, la búsqueda de legitimidad institucional a través de la participación política por parte de los(as) ciudadanos(as) en la construcción de las políticas públicas y el bien común.