A diez meses de una decisión que de conformidad con el mandato constitucional posee carácter definitivo, la combinación politiquera-procesal provocó un retorno al Tribunal Superior Electoral (TSE) de la sentencia que obliga al ejercicio democrático en el PRD. En esencia, se pretende “revisar” una sentencia favorable a la celebración de la convención ordinaria para elegir las autoridades institucionales y que invalida la transformación estatutaria seducida por darle un sentido de legitimidad al faraón que controla el partido de mayor tradición plural, convertido en un club de áulicos imposibilitados de discrepar a las líneas definidas por el amo.
Podrían pensar que la esencia de nuestras discrepancias obedecen a criterios y pugnas personales. Y no es así, porque la escasa visión que se apodera de la dirigencia del sistema político desconoce que más allá de las fronteras partidarias se construyen valores fundamentales asociados al deseo de franjas ciudadanas con sed de que las organizaciones interpreten sus anhelos y produzcan una coincidencia alrededor de aspiraciones básicas. En ese orden, cuando la institucionalidad avanza, la lógica de los mandos partidarios no está en capacidad de someterse a las regulaciones y normas tendentes a ponerle control a las mentalidades autoritarias que administran las organizaciones políticas.
Cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) se administra con sentido de responsabilidad y apego a la legalidad, la reacción de actores partidarios consiste en tocar las puertas del poder para transformar decisiones amparadas en una “razón política” que destruya la norma jurídica. Por eso, el lastre y deterioro de los anteriores titulares que salieron del organismo moralmente desvencijados y con niveles de impugnación en la sociedad. Aunque la aparición de algunos en la nómina pública expresa un retorcido desempeño compensado a un altísimo costo que tendrá dificultades a ser reparado por los daños generados al modelo partidario nuestro.
El día 20 del presente mes tendremos audiencia en el TSE. Un dato interesante es que en dos ocasiones los abogados que defienden los intereses de Miguel Vargas Maldonado han solicitado aplazamientos. Resulta cuesta arriba entender el sentido de las “velocidades” procesales porque intentan retardos bajo chicanas e incidentes que buscan una dilación, creyéndose que diciembre es el momento oportuno para un auxilio oficial en capacidad de destruir la fortaleza de una sentencia que nos favoreció 4 votos contra 1. La insistencia obedece a una lógica que le permitió un respiro debido a que la decisión emanada del Tribunal Constitucional crea los espacios para “desesperarnos” con la clara intención de hacer sobrevivir políticamente al actor que garantizó tres puestos a los magistrados Ray Guevara, Díaz Filpo y Gómez Bergés.
Toda una urdimbre estructurada en la dirección de impedir que los vientos democráticos regresen al PRD se pretende orquestar. El gran obstáculo consiste en la observación ciudadana y capacidad de impugnación que ha ido creciendo en todo el país alrededor de comportamientos ominosos. Por eso, intentan ganar tiempo empujando el carro del exceso e imprudencia que provoca la acción indecente de incorporar al listado de intervinientes voluntarios al hijo de un juez del Tribunal Constitucional, al que le solicitamos inhibición y votó contra nosotros, para que sirva de validador de los intentos de Miguel Vargas Maldonado de convencer al órgano electoral de que sus “reformas estatutarias” y su “extensión” en el control partidario han sido ejecutadas obedeciendo al espíritu democrático. ¡ Qué cínicos!

Tener en cuenta lo rápido en procurar la decisión en el TC no parece transitar la misma ruta en el TSE. Y es muy sencillo: el sector de Vargas Maldonado sabe perfectamente los actores existentes en el ámbito constitucional que orientados políticamente siempre procuran favorecerlos. Y en ese sentido, cuando se pretende deformar la discusión sobre la participación de políticos en las Altas Cortes, es necesario distinguir entre ciudadanos con simpatías partidarias pero de un sentido y compromiso ético fuera de discusión, y los “otros”, que sí actúan como mensajeros de oficio y que tanto daño provocan a la credibilidad de la institucionalidad democrática