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En el país hay unas 2,000 obras públicas paralizadas y el gobierno adeuda cerca de RD$3,500 millones, denunció anoche la Asociación Nacional de Ingenieros Contratistas.
Citó que a principio de gobierno fueron rescindidos los contratos de casi 700 obras, al disponerse por decreto la unificación en una sola institución de las Oficinas Coordinadora de Obra del Estado y de Ingeniero Supervisores.
El ingeniero Juan Espaillat, presidente de la entidad, dijo que esos contratistas no han recibido «un sólo centavo», pese a transcurrir más de tres años.
La mayoría de los presupuestos de los contratos no han sido modificados a raíz del proceso de inflación acelerado que dijo vive el país, por lo que ven que el valor de los montos adeudados se ha reducido a menos de mitad.
«Son alrededor 2,000 obras que en estos momentos están paralizadas y que incluye a unos dos mil contratistas pequeños, medianos y grandes», insistió.
Espaillat precisó que en este gobierno le adeudan a los ingenieros contratistas RD$2,000 millones y RD$1,500 millones de la gestión anterior.
Denunció que en la Oficina Coordinadora de Ingenieros de Obras del Estado, que dirige Hernani Salazar, hay unas 700 obras paralizadas y que en la Secretaría de Obras Públicas, que dirige Miguel Vargas Maldonado, sólo tienen obras los contratistas relacionados a la gestión actual.
«Y unos 3,800 contratistas que le trabajaban a Obras Públicas están actualmente con obras sin terminar, paralizadas, sin pagos de esa institución que es la rectora de la construcción en el país», agregó.
Los ingenieros contratistas se reunieron anoche en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) para discutir su situación.
Asistió, además, el ingeniero Samuel Peña, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Contratistas, que agrupa a unos mil miembros.
El ingeniero Espaillat recordó que en el año 1999, los ingenieros contratistas se vieron obligados a recibir RD$5,000 millones en bonos para congelar las deudas.
Lamentó que no se haya cumplido en su totalidad la ley que dispuso la emisión de esos bonos, que obligaba una subasta cada tres meses y que aún haya pagos pendientes en los intereses.
«Lo grave del caso es que para esos obtenedores de bonos, también para los que han ejecutado trabajo y no se los han pagado, es que la moneda se ha devaluado más de dos veces, por eso, lo que un contratista ejecutó y no pudo cobrar hoy lo que tiene como acreencia es la mitad o menos ¡y eso es injusto!».
Dijo que la sociedad no puede permitir que un contratista que con honradez y mucho tropiezos ha hecho su trabajo, al final sus recursos les sean arrancados de la mano con una situación de inflación porque el gobierno no pagó a tiempo.
Espaillat criticó que los gobiernos de turno continúen en la práctica de mantener la metodología ante un sector que, a su juicio, lo que ha hecho es servirle con dignidad y honradez.
«Esos son recursos de nuestras familias, acreedores y nuestros suplidores», insistió.
Anunció que visitarán los funcionarios del área de la construcción del gobierno para exigirles que honren las obligaciones, tanto de las obras rescindidas como de las terminadas.
«Porque no es justo que alguien termine una obra y no se le completen los pagos para que pueda resolver los problemas con sus acreedores», agregó.
Procurarán ante la Secretaría de Finanzas que continúe haciendo los pagos de los intereses de los bonos y que honre las subastas que establece la ley del año 1999 cuando se emitieron los RD$5,000 millones, para que mínimamente puedan ser resarcidos los contratistas afectados.
