El Sistema Dominicano de Instituciones de Educación Superior está integrado por 31 universidades, seis institutos especializados, cuatro institutos técnicos, y tres centros de investigaciones científicas y tecnológicas. La Ley 139-01 establece la normativa de ese conjunto.

Sólo dos universidades dominicanas fueron fundadas por Bula o por Ley: La Universidad Autónoma de Santo Domingo (Bula In Apostolatus Culmine, expedida en Roma el 28 de octubre de 1538 por Su Santidad el Papa Pablo III), y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Ley 6150 del 31 de diciembre de 1962; proclamada pontificia el 29 de septiembre de 1987 por el Papa Juan Pablo II); esto les concede a ambas universidades un estatus especial.

La UASD figura entre las pocas instituciones dominicanas de educación superior que realizan todas las funciones sustanciales propias de universidades: docencia, investigación, extensión y tareas de vinculación con la sociedad.

La Ley 139-01 establece la diferencia cualitativa entre nuestras instituciones de educación superior, y la forma y manera en cómo Estado dominicano habrá de financiarlas o ayudarlas. En efecto, el artículo 90 de dicho edicto establece que “el Estado Dominicano tendrá la responsabilidad de financiar la educación superior pública y de contribuir al financiamiento de la privada”. ¿Cómo y con qué cuantía habrá de hacerlo? El Artículo 91 de la Ley a la cual nos referimos lo señala: “no deberá ser inferior al 5% del Presupuesto de Ingreso y Ley de Gastos Públicos asignado en la Ley 5778 del 31 de diciembre de 1961, que declara la autonomía de la Universidad de Santo Domingo y que serán destinados a la UASD y universidades públicas”.

No está al margen de la Ley el destinar fondos públicos para ayudas a instituciones privadas de educación superior. Sí lo está cuando se hace en detrimento del financiamiento de las universidades públicas, de la UASD concretamente. Por ello, el rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet, tuvo razones de sobra al calificar de error la decisión del presidente Danilo Medina de integrar el Plan de Infraestructura del INTEC al Plan de Inversiones Públicas. En otro orden de idea, por razones harto conocidas, los planes de estudios, no sólo de la UASD, sino de todas las universidades de aquí, y de todo el mundo, deben ser revisados, si es que no lo han hecho ya. Esto debe hacerse con apego a la ley y con respeto a las instituciones. Digo esto porque la UASD, la PUCMM, la UNPHU, disfrutan del ejercicio pleno de la autonomía lo que “le permite crear y ofrecer programas dentro de la esfera de acción que le corresponde, sin requerir la autorización del órgano superior del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”. Entiéndase que en conformidad con lo dispuesto en la Ley 139-01, los planes y programas de estudios formulados en las facultades, escuelas y departamentos de la UASD no están sujetos a ulteriores aprobaciones de las autoridades del Ministerio de Educación Superior.

La UASD es una de las pocas universidades dominicanas que figura en el ranking mundial de las instituciones del género. La UASD desempeña, a través de sus investigaciones y de sus defensas de nuestras riquezas naturales, una contribución importantísima a la tarea de superar los devastadores efectos de un orden social a todas luces injusto. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología acaba de celebrar la VIII Convocatoria anual de proyectos del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico. De los 33 proyectos de investigación escogidos, 14 fueron formulados por científicos de la UASD; tres por los de la PUCMM; tres por los de INTEC; dos de por los de UTESA; y dos por lo del ISA. Esos resultados probaron una vez más que la Universidad estatal marcha a la delantera de la investigación científica del país.