Si algún día tiene que hacer un recorrido por un lugar con varias tiendas o colmados, seleccione el nombre y marca de un producto cualquiera; pregunte el precio en varios establecimientos y encontrará que no coincide en más de un 50% de los casos. Un jugo de naranja no cuesta lo mismo en un supermercado que en una cafetería de una estación gasolinera, en una zona turística o en un estadio de béisbol y usted mismo paga “lo que sea” si está muriéndose de sed y un “buen samaritano” sale huyendo a buscarle una botella de agua. En otras palabras, ni cuando el fabricante lo anuncia por radio o televisión se mantiene el precio a ningún producto.

Cuando la diferencia es monstruosa, como sucede frecuentemente, uno se pregunta dónde fue a parar un organismo que se llamó “Dirección General de Control de Precios” y encontramos que el mismo Gobierno, juntamente con algunos empresarios y teóricos economistas políticos de toda calaña, se convirtieron en asesinos intelectuales de esa entidad, utilizando a los siguientes sicarios: Primero, los apagones, que provocan más gastos en plantas e inversores de emergencia; segundo, las fluctuaciones en el precio de los combustibles que cambian semanalmente el capítulo de gastos en transporte de grandes, medianos y pequeños comerciantes y tercero, los cambios en la tasa del dólar, que se toman como parámetros para aumentar (nunca disminuir) los precios a todos los artículos.

Por lo anterior, crece cada vez más el número de ciudadanos convencidos de que nuestros principales problemas vienen desde la cabeza del Gobierno y parecería que para corregirlos hay que eliminarlos como a las serpientes.