Según el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), en materia de niñez y adolescencia, la entrada en vigor del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, el día 2 de septiembre de 1990, fue la culminación de cerca de 70 años de esfuerzos por obtener de la comunidad internacional un reconocimiento de las necesidades específicas y la vulnerabilidad de los niños y niñas como seres humanos.

El IIN se refiere al documento que versa sobre los derechos de la niñez, nombrado Convención de los Derechos del Niño (CDN), con el que se busca que los Estados desarrollen políticas públicas encaminadas a la protección de los menores de edad, quienes de alguna manera, a través del tiempo han visto vulneradas muchas de las prerrogativas consagradas en este acuerdo que contempla 54 derechos que deben ser garantizados por el Estado.

De acuerdo con el principio número uno de la Convención, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar de todos los derechos enunciados en esta declaración.

Sin embargo, la realidad de los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana contrasta con esta disposición legal, debido a que mientras la CDN dicta que los niños, niñas y adolescentes gozarán de una protección especial y dispondrán de oportunidades y servicios, el Análisis de Situación de la Infancia en República Dominicana 2012, estudio en el que se presenta un panorama de los avances que el país ha tenido en los últimos diez años con relación a la niñez, explica que «a pesar de los avances y del constante crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la pobreza sigue afectando a una proporción mayor de niños y niñas que de adultos.

Agrega que en República Dominicana la población menor de 18 años representa el 36, 25% del total y que el 47% de la población pobre es menor de 18 años, por lo que se puede deducir que casi la mitad de la población dominicana es joven y pobre. Situación que instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ve como preocupante, aunque reconoce que el país ha avanzado.

Cambios. «Los niños y niñas en República Dominicana viven en mejores condiciones que hace 25 años cuando fue adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) la Convención de los Derechos del Niño», afirma la representante de UNICEF en el país, María Jesús Conde Zabala.

De acuerdo con la funcionaria, ciertamente la situación económica incide directamente en la niñez, debido a que muchos países que normalmente destinan recursos económicos al desarrollo de naciones como República Dominicana, tienen que recortar ese presupuesto.

Pero la situación económica de los niños, niñas y adolescentes, no es el único factor determinante en el ejercicio de derecho.  Más allá de los factores económicos, Conde Zabala, precisa que el Estado debe hacer más para garantizar que esta población del país tenga acceso a las prerrogativas que dicta la Convención, pieza que en la publicación “La Convención en tus manos”, realizada por UNICEF en 2004, clasifica en tres grupos los derechos que otorga este acuerdo.

Según la referida publicación, las prerrogativas consagradas en la Convención se clasifican en Supervivencia y Desarrollo, grupo en que se encuentran los derechos relativos a la relación entre niños, niñas y adolescentes con su familia y establece la necesidad de que tengan acceso a la orientación de sus progenitores.

Además, consigna los derechos a la vida, nombre, nacionalidad, acceso a servicios de atención de la salud, información y a un nivel educativo adecuado.

Situación de la niñez. Eso es lo que dicta la Convención, pero las cifras en República Dominicana revelan una realidad menos alentadora, si se revisa el último informe emitido por CONANI, donde se establece que el 14% de los niños, niñas y adolescentes no vive con ninguno de sus padres.

También establece que las autoridades hacen grandes esfuerzos para garantizar que los niños y niñas nacidos en el país no queden desprovistos de una nacionalidad y entre las medidas tomadas citan la concepción de una amnistía de tres años, dada en 2007, para las declaraciones tardías de los nacionales menores de 16 años de edad.

Sin embargo, son muchos los dominicanos y dominicanas que no poseen documentos de identidad, sobre todo aquellos afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que deja en un limbo jurídico a miles de personas, incluidos sus hijos e hijas, quienes están inmersos en el Plan de Regularización de su estatus civil.

De su lado, los derechos relativos a participación están dirigidos a garantizar a los niños, niñas y adolescentes que su opinión sea respetada, que puedan ejercer la libertad de expresión, asociación, pensamiento, religión, intimidad y acceso a los medios de comunicación.

Participación de la niñez. No obstante a lo que dicta la Convención, de acuerdo a las consideraciones de Conde Zabala, el derecho a la participación es la prerrogativa a la menos acceso tienen los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana, salvo programas como los ayuntamientos juveniles e infantiles que tienen vigencia en 16 municipios del país, donde tienen la oportunidad de ser parte de los presupuestos participativos y decidir en qué invertir parte del dinero que manejan los cabildos, en los que tiene presencia esta iniciativa.

Mientras que los derechos que dedican especial atención a la protección de los niños, niñas y adolescentes contemplan resguardar a esta población de traslados ilícitos, explotación, violencia, abandono, trabajo infantil,  explotación sexual, tortura y privación de la libertad.

Con respecto a lo relativo a la privación de libertad, la estructura judicial del país está diseñada de forma que los niños, niñas y adolescentes que estén en riesgo de ser afectados por esta situación, sean llevados a tribunales espaciales, donde haya personal calificado para conocer los conflictos que involucren menores de edad, lo que evidencia un paso de avance en materia legal.

Falta mucho por hacer en materia de niñez. Sin embargo, todavía faltan algunas áreas que mejorar. De acuerdo al mismo informe publicado por CONANI, solo el 1.95 de los niños, niñas y adolescentes del país que no reciben castigo de ningún tipo, mientras que el 57% si ha recibido castigo físico en algún momento.

Pero pese a todo este panorama, «Ha habido avances pero hay que seguir haciendo», señala Conde Zabala, tras afirma que una de las razones por las que los niños y niñas del país no tienen acceso a todos los derechos consagrados en la convención, es que no se ha destinado el presupuesto adecuado para las instituciones que componen el directorio del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (CONANI).

No obstante, el presupuesto no es la única piedrecita que Conde Zabala ve en el camino que hay que recorrer para garantizar los derechos de los niños y niñas en República Dominicana.

La representante de UNICEF considera que todavía hay muchos factores culturales que impiden que los niños, niñas y adolescentes pueden disfrutar plenamente de sus derechos.

Una segunda opinión. Por su lado, el encargado de la unidad de Protección de UNICEF en República Dominicana, Eduardo Gallardo, cree que el Estado hace lo que puede por garantizar la cobertura del os  derechos de la niñez.

Manifiesta que pese a todas las metas a alcanzar, en materia de derecho de la niñez el país tiene varios logros que exhibir.

Entre estos cita la decisión del Gobierno dominicano de implementar el modelo de tanda extendida en las escuelas públicas, con lo que se podría elevar el nivel educativo de los niños y niñas de la República Dominicana.

Informe de CONANI. A 25 años de la convención, ¿Han sido garantizados por el Estado los derechos de los niñas, niñas y adolescentes del país?

Según el último Informe Periódico del Estado sobre la Convención sobre los Derechos Del Niño, publicado en 2010 por CONANI, «el Estado Dominicano no tiene ningún tipo de reservas respecto a la Convención Internacional de los Derechos del Niño».

Además, agrega que la más reciente modificación hecha a la Constitución integra el enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia, específicamente el interés superior del niño el derecho de opinión y participación en armonía con los artículos 3 y 12 de la Convención.

Cita como un avance en materia de derecho de los niños, niñas y adolescentes del país que de 26 líneas de acción contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo que abarca hasta el 2030, 13 hacen referencia a la protección de derechos de la niñez, como acciones orientadas a brindar protección especial contra toda forma de abuso.

Sin embargo, en el informe se reconoce que las informaciones recogidas acerca de los niños, niñas y adolescentes en el país son insuficientes, por lo que habrá que esperar el próximo estudio, donde CONANI revele si los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a los derechos que les otorga la convención, a 25 años de su entrada en vigencia.