Hoy 
POR TANIA HIDALGO
Después de más de 25 días de deliberaciones, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer hoy el fallo sobre el juicio seguido a los imputados en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter).
En medio de grandes expectativas, el tribunal, presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado por Pilar Rufino y Yisselle Méndez, iniciará a partir de las 9:00 de la mañana la lectura de la sentencia, que se estima podría tener más de 400 páginas.
En relación con el caso son procesados el entonces presidente de Baninter Ramón Báez Figueroa, así como los altos ejecutivos de la quebrada entidad bancaria Vivian Lubrano de Castillo, Marcos Báez Cocco, el financista Luis Alvarez Renta y el abogado Jesús María Troncoso Ferrúa.
El veredicto sobre el juicio seguido a los imputados en el caso Baninter ha concitado la atención de diversos sectores de la sociedad y es frecuente escuchar versiones diversas sobre el fallo.
ACUSACION
El grupo fue sometido a la justicia en mayo de 2003, luego de que el entonces gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, pronunciara un discurso en el Palacio Nacional en el que informaba al país sobre un fraude detectado en la entidad ascendente a 55 mil millones de pesos. Posteriormente se informó que el monto real del fraude era de 74 mil millones de pesos
Según la Autoridad Monetaria y Financiera y el Ministerio Público, los acusados incurrieron en ocultamiento, adulteración, abuso de confianza y lavado de activos en perjuicio de los ahorrantes y del Estado.
De acuerdo con la acusación, Baninter fue convertida en una institución para captar recursos frescos del público por parte de sus principales directivos, quienes lograron vaciar estos capitales hacia empresas vinculadas y relacionadas, con el propósito de adquirir activos que aumentaran el patrimonio personal de los mismos. De igual manera, utilizaron estos recursos para camuflajear su verdadero estado, ocultando la forma de operación del banco y su real solidez económica, para lo cual adquirieron y controlaron en su favor casi la totalidad de los medios de comunicación, otorgaron facilidades económicas, donaciones y préstamos a autoridades de todos los órdenes: militares, eclesiásticas, políticas y comerciales, con el objetivo alegadamente de garantizar impunidad.
A raíz del sometimiento, el caso fue remitido al entonces juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, quien dispuso el envío por ante un juicio de fondo de Báez Figueroa y Báez Cocco, mientras que los demás fueron favorecidos con un auto de no ha lugar.
La decisión fue apelada y una Cámara de Calificación, integrada por los jueces Katia Miguelina Jiménez, Esther Agelán Casasnovas y Sergio Antonio Ortega, encontró indicios serios, precisos y concordantes para enviar a los acusados, con excepción de Jesús María Troncoso Ferrúa, ante un tribunal criminal, disposición que luego fue revocada, en este último aspecto, por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en su sentencia del 11 de enero de 2006, la cual ordenó que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conociera de la acusación formulada contra todos los imputados.
JUICIO
El conocimiento del juicio de fondo se inició el 3 de abril de 2006 y concluyó el pasado sábado 22 de septiembre con la réplica de los abogados defensores y el uso por parte de Báez Figueroa, Vivian Lubrano y Alvarez Renta a su derecho a la palabra ante el tribunal.
Para conocer el caso fueron celebradas 105 audiencias
Como parte del proceso fueron interrogados 22 testigos, entre ellos la miembro de la Comisión de Liquidación de Baninter, Zunilda Paniagua, el ex gobernador del Banco Central, Lois Malkun, así como Ramón Morla Manzueta, José Américo Montaño Guillén, Príamo Concepción Rodríguez Veloz, Iván Ulises Moquete Terrero, Lionel Miguel Seniol, Benita Ramona Castillo Cruz, Giannina Méndez de Estévez, Luis Aurich, Pedro Castillo y Manuel Ramón Ruiz Álvarez.
Además se incorporaron cientos de documentos, tales como cartas, memorandos, oficios, copias de recortes de periódicos y otros aportados por las partes como alegadas pruebas; unos para sustentar la acusación y otros para desmeritarla.
CONCLUSIONES
Del 28 de agosto al 22 de septiembre fue agotada la fase de conclusiones.
El Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Francisco García y Danny Germán Villalona, solicitó al tribunal condenar a 20 años de prisión y una multa de dos millones quinientos mil pesos a Báez Figueroa y Alvarez Renta, cada uno.
En tanto, para Lubrano de Castillo y Troncoso Ferrúa solicitaron una pena de seis años de prisión, así como el pago de una multa de un millón quinientos mil pesos y un millón de pesos, respectivamente.
En cuanto al coimputado Báez Cocco, las autoridades del Ministerio Público solicitaron al tribunal declararlo culpable y fijar el día y la hora del debate sobre la pena (juicio sobre la pena) que, de acuerdo con el artículo 349 del Código Procesal Penal, no puede celebrarse ni antes de diez días ni después de 20 días, en cumplimiento con la sentencia dada por el propio tribunal el 15 de septiembre de 2006, que acogió la solicitud de división de juicio promovido por el imputado, a través de su abogado Tony Delgado.
Asimismo, la Procuraduría busca que se disponga el decomiso y la confiscación de todos los bienes, productos e instrumentos relacionados con el hecho punible que ha sido juzgado, los cuales fueron incautados, secuestrados e inmovilizados mediante actas de incautación del 15 de mayo de 2003, entre los que figuran Intercontinental de Medios, RNN (canal 27), Radio Supra, Radio Cielo, Circuito Comercial, Isla Visión (canales 53 y 57) y Aster Comunicaciones.
Además, Medcon S.A., Telecentro, Aeronave Bell 206B, matrícula N919; Aeronave Augusta Spa 109C, matrícula N43TC; Relliance Watchman, S.A., Casa del Faro número 20, la jeepeta Lexus negro, modelo LX470, placa GBL 994, la minivan Hiunday H100 blanca placa JA/-5955, la tiendas de zona franca en manos de quien estén y Radio Mil.
En su discurso de conclusión, los procuradores adjuntos solicitaron variar la calificación de lavado de activos dada a la acusación formulada contra el financista Alvarez Renta, a fin de que se incluyan los literales a y b del artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos, en adición al literal c del mismo artículo, por el cual el imputado fue enviado a este juicio de fondo.
PARTE CIVIL
En tanto, la parte civil, representada por los abogados Artagnan Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo, Francisco Alvarez, José Lorenzo Fermín, Carlos Salcedo, Francisco Benzán, Teobaldo Durán, Manuel Sierra y Tomás Hernández, pidieron también penas de 20 años para Báez Figueroa y Alvarez Renta.
En el aspecto penal, para estos acusados de falsedad, ocultamiento, adulteramiento, abuso de confianza, lavado de activos y asociación ilícita, se pidió, en el caso de Báez Figueroa, además de 20 años de reclusión mayor, el pago de RD$2.5 millones de multa y 200 salarios mínimos.
Para Vivian Lubrano solicitaron 6 años de reclusión y el desembolso de RD$2.5 millones.
La Autoridad Monetaria no se querelló contra Troncoso Ferrúa.
En cuanto a Alvarez Renta, acusado de lavado de activos, la parte civil pidió 20 años de reclusión mayor y el pago de RD$2.5 millones.
Asimismo, pidieron que los imputados sean condenados a una indemnización de manera solidaria de más de RD$64 mil millones, de los cuales Alvarez Renta pagaría hasta RD$5,668 millones.
ABOGADOS DEFENSA
De su lado, los abogados Marino Vinicio (Vincho) Castillo Semán, Juárez y Vinicio Castillo Semán, así como José Antonio Columna, de la defensa del ex presidente de Baninter, pidieron al tribunal declarar a su cliente no culpable de los crímenes de lavado de activos y abuso de confianza y que, en caso de encontrarlo culpable de violar la Ley de Bancos, sustituida por la Ley Monetaria y Financiera, imponerle una sanción penal por debajo del mínimo que la misma establece.
De igual manera, solicitó la exclusión de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y el actor civil. Asimismo, informó que renunciaba al derecho de restitución de los bienes decomisados.
Báez Cocco
De su lado, los abogados Tony Delgado y Joan Alcántara, en nombre de Báez Cocco, también pidieron la absolución de su cliente en cuanto a la acusación de abuso de confianza y lavado de activos.
En tanto, Eric Raful, Santiago Rodríguez y Salvador Catrain, en representación de Alvarez Renta, solicitaron a los jueces que rechacen la acusación formulada por el Ministerio Público y el actor civil y, en consecuencia, disponer la absolución de su defendido.
De su lado, el consejo de defensa del coimputado Jesús María Troncoso Ferrúa, integrado por los abogados Reynaldo Ramos, Luis Mora y Rafael Cáceres, también pidió al tribunal dictar sentencia absolutoria a su favor, liberándolo así de toda responsabilidad penal.
Asimismo pidió disponer el cese de cualquier medida de coerción que pueda existir en perjuicio del imputado, particularmente el impedimento de salida del país.
En ese mismo tenor se pronunciaron Rolando de la Cruz Bello y Ricardo de León, a nombre de Lubrano de Castillo.
Los jueces Antonio Sánchez Mejía
Nativo de Baní, provincia Peravia. En 1994 se gradúa de doctor en Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). En 1997 ingresa al Poder Judicial como abogado ayudante de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, labores que compartía con la realización de una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
En el 2000 pasa a ser abogado ayudante de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y dos años más tarde ingresa a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde cursa el programa de formación para aspirante a jueces de paz. Posteriormente es designado juez de Paz para asuntos municipales de Villa Mella, mientras que en el período 2003-2005 es ascendido a juez de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional. Sánchez Mejía posteriormente fue removido a juez sustituto del presidente del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y desde febrero de 2007 ocupa la presidencia del Primer Tribunal Colegiado de la capital.
Pilar Rufino Díaz
Nació en Santo Domingo. Egresada en 1994 de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) con el título de Licenciada en Derecho (cum laude).Durante el período de 1999 al 2003 se desempeñó como defensora pública asignada al Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CAMJ).
En el 2003 ingresa al programa de formación para aspirante a juez de paz en la Escuela Nacional de la Judicatura. En el 2003-2004 fue designada juez de Paz de tránsito de la Cuarta Sala. En el 2005 fue integrante de la comisión de implementación de las pautas mínimas del Código Procesal Penal y de la Comisión de Reforma a las medidas de coerción y sus revisiones (Suprema Corte de Justicia) y posteriormente juez presidente del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Ha sido profesora de UNIBE de la asignatura asistencia legal A, B y C.
Esmirna Giselle Méndez
Nació en Santo Domingo. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en junio de 2000. Tres años más tarde obtuvo una especialidad en Derecho Penal. Luego de concluir el programa para juez de paz en la Escuela Nacional de la Judicatura en noviembre de 2005, es designada juez de paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional. En febrero de 2007 pasó a formar parte del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional como juez miembro para conocer los casos del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO) y el Banco Intercontinental (BANINTER), ante las inhibiciones de los titulares del tribunal apoderado.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Como una forma de evitar desórdenes y aglomeraciones, el tribunal decidió fijar la lectura de la sentencia para hoy domingo, además de tomar una serie de medidas, tales como restringir el acceso al tribunal, ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de personas ajenas al proceso.
A las partes sólo se les permitirá un número limitado de acompañantes, mientras que los periodistas para penetrar al tribunal deberán estar debidamente identificados.
Se dispuso además el cierre de las calles que dan acceso al Palacio de Justicia, y la designación de más de 200 agentes policiales para evitar tumultos en la zona.
La seguridad está a cargo del coronel Máximo Gil.
Desde tempranas horas de la mañana de ayer, representantes de diversos medios de comunicación comenzaron a hacer sus gestiones para la instalación de equipos para la transmisión en vivo por radio y televisión.
De su lado, empleados de limpieza se ocupaban de pulir los pisos y de que toda el área esté acorde para la ocasión.
En tanto, la fiscalía del Distrito Nacional, a través de su departamento de Relaciones Públicas, habilitó una sala con varias computadoras con acceso a internet, teléfono, copiadora y una televisión para facilitar el trabajo de los periodistas.
Previo al inicio de la lectura se otorgarán unos 15 minutos a los fotógrafos para que hagan diferentes tomas y luego deberán colocarse en la parte trasera del tribunal, al igual que los camarógrafos. Mientras los periodistas serán ubicados en los últimos seis bancos de la sala de audiencias que tiene capacidad para acoger unas 140 personas.
