Sobre el ejercicio periodístico figuran como posibles licencias para el atropello unos artículos de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y del Código Penal que permitirían aplicar pena de prisión a ejecutivos de medios tras acusaciones contra terceras personas por el uso dado a espacios de prensa. Sería lo que se describe como efecto cascada que violaría la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que es signataria la República Dominicana. Esta brecha para el castigo desbordado a editores viola el principio sustantivamente consagrado sobre la individualidad de la responsabilidad penal. Nadie puede ser sancionado con privación de libertad por lo que otro haya cometido.
Los directores de los principales diarios nacionales acaban de expresar su esperanza de que en tiempo razonable el Tribunal Constitucional falle contra los textos objetados. El 25 de febrero del 2013 fue elevado un recurso de inconstitucionalidad por los directores del Listín Diario, Miguel Franjul; de El Caribe, Osvaldo Santana, y Namphi Rodríguez, en nombre de la Fundación Prensa y Derecho. Al efecto, y tras la audiencia pública del caso celebrada el viernes 21 de junio del 2013, se aguarda con interés y confianza la sentencia de los honorables miembros de esa corte para que la función de prensa quede libre de la posibilidad de ser objeto de un exceso sancionador.
HOMICIDIOS EN PRIMER PLANO
El espectro del crimen por encargo se proyecta sobre el país con una serie de hechos de sangre que han enlutecido a familias y conmovido a la sociedad. Tras unas tragedias anteriores que incluyeron la muerte a mansalva y por confusión de una dama ajena a las circunstancias y personajes que motorizaron la acción, la Policía Nacional y la Justicia actuaron para establecer responsabilidades. Ahora atacantes hicieron blanco en el regidor Renato de Jesús Castillo, en Monte Plata, y en el camarógrafo Newton González, en Santiago; este úlimo caso aun pendiente de esclarecer .
Estos otros homicidios han aumentado la preocupación de la colectividad que desde hace algún tiempo recibe alarmantes señales para suponer que en el país se apela con facilidad al recurso de pagar a delincuentes para matar. El Estado, con su monopolio de la fuerza, sosegaría a la nación si enfrenta eficazmente esta modalidad criminal.