Las estadísticas y el rumor social cuentan del crecimiento del crimen organizado. Así lo evidencian las muertes violentas, el sicariato, el mercado de arma y de drogas, los asaltos, secuestros, tumbes y robos de grande a pequeña escala. La población carcelaria va en aumento, la componen jóvenes y adultos de menos de 45 años. La violencia intrafamiliar, los feminicidios y los abusos sexuales en niñas y niños, también crece y se multiplica. Todo este crecimiento de la trasgresión a las normas que se ventila en un sistema judicial con poco presupuesto, de pobre fiscalización, falta de recursos humanos, y con mayor indicador de falta de contención espiritual. Con todas estas complejidades, a veces me pregunto, cómo se hacen jueces y fiscales, abogados y clientes, en discriminar los riesgos potenciales de trastornos mentales y psicópata de alta peligrosidad, con poca posibilidad de rehabilitación psicosocial, y de presos que no reciben evaluaciones psiquiátricas, ni se establecen diagnósticos precoz de trastorno psicopatológicos, ni pronóstico a partir de los factores protectores que cuentan los reclusos para trabajar la rehabilitación. ¿Quiénes auxilian a los jueces y fiscales desde la psiquiatría forense? ¿Cómo se hacen los jueces y fiscales con aquellos presos que tienen trastornos de personalidad, y han cometido delitos que corren el riesgo de reincidencia? ¿Quién establece los pronósticos de cárcel de alta seguridad o años prolongados o de máxima pena a partir del daño psicopatológico? Solamente la aplicación del sistema de coerción, el aumento de las penas, y realizar el procedimiento bajo los criterios del código penal dominicano, es lo que se utiliza dentro del sistema judicial. Se puede decir que esto sirve para racionalizar, objetivizar y aplicar la justicia de forma equitativa.

En diferente circunstancia hemos observado cómo se po- nen en las calles a psicópatas de alta peligrosidad y personas con daños cerebrales que son altamente violentos que necesitan diagnóstico y tratamiento y no lo reciben, ni nadie les sugiere al sistema judicial del riesgo psicosocial.

En los países donde el sistema judicial es organizado, preventivo, de rehabilitación y gerencial para hacer justicia equitativa, utilizan como auxiliar la psiquiatría forense; un equipo formado por psiquiatras, psicólogos clínicos, psicometristas, trabajadores sociales, enfermera y abogados que trabajan en una unidad, para asistir al sistema judicial en las evaluaciones de las personas que están siendo juzgadas, o los que están en conciliación si ameritan de las evaluaciones.

Con cierta frecuencia, mujeres que van y ponen la querella contra un marido o pareja maltratadora, ponen en la calle al hombre violento sin un criterio psiquiátrico-psicológico del perfil de persona de alto riesgo, o sin establecer el diagnóstico y, vemos, que vuelve a la casa, asesinan delante de los hijos a sus parejas. Pero en otros casos, personas que poseen 12 ó 20 fichas de delincuencia de todos tipos y nadie establece el diagnóstico ni el perfil de riesgo psicosocial, y son asistidos por el Código Penal, jueces y fiscales, quienes los ponen en la calle.

Pero la ausencia de esa unidad de psiquiatría forense se pone en evidencia cuando una persona es reincidente en problemas de pleitos, consumo de drogas, conflicto de pareja, y es reincidente, y no reciben asistencia psiquiátrica, ni diagnóstico comorbidos para establecer su niveles de recaídas. ¿Quién establece los criterios para la rehabilitación psicosocial partiendo del diagnóstico y de los factores de riesgo individuales y sociales? ¿Quién establece la rehabilitación de los enfermos de drogas y los enfermos mentales que se encuentran dentro del sistema carcelario, institucionalizándose, haciéndose crónico sin respuesta humana. Pienso que lo que se hace es disfuncional, poco institucional y de pobre respuesta preventiva y de rehabilitación psicosocial para la sociedad, las familias y los propios reclusos.