Sin querer acaparar los méritos sobre la actuación indecorosa en nuestro país de la constructora brasileña Odebrecht, traigo a colación, que estando en una reunión en Brasilia de la Alianza de Países Productores de Cacao (COPAL), entidad con sede en Lagos, Nigeria, y de la cual el país formó parte como miembro titular, un buen amigo miembro de la delegación oficial del Brasil nos hizo una serie de confidencias que vertimos en una artículo aparecido en este diario, el 26 de abril de 2013, con el título de: “El menselao dominicano”, haciendo un parangón entre la situación de ese país y el nuestro.
El término “menselao” lo habíamos tomado del denominado “Juicio del Siglo”, en el cual el Tribunal Supremo de Brasil había evacuado una sentencia condenatoria, consistente en 14 años de cárcel para 25 funcionarios públicos del gobierno del presidente Lula da Silva (2003-2010), por traspaso ilegal de fondos al Partido oficialista de los Trabajadores durante la campaña electoral y en donde el empresario Ramón Hollerback –un lobista y asesor político tal y como fue aquí Joao Santana- fue condenado a 40 años de prisión. En el caso que nos ocupa, éste y su señora solo cumplirán 8 años.
El 28 de junio de 2014, escribimos otra entrega bajo el título: ¡Ojo pelao con Odebrecht? En este artículo señalábamos que esta empresa había sido condenada decenas de veces en Angola, donde construía una central azucarera y había llevado 900 obreros brasileños a los cuales mantenía retenidos sus pasaportes para que los mismos se mantuviesen virtualmente secuestrados, por lo cual el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), le prohibió a esa empresa recibir financiamiento para futuros proyectos. Advertíamos que a partir de esa grave denuncia: “el Gobierno Dominicano debía poner sus barbas en remojo”.
Sin embargo, en otra reseña del 6 de septiembre de 2014, enunciábamos que: “Las denuncias por corrupción caen en saco roto”, ya que se afirma que todos los gobiernos, unos más que los otros, han incurrido en graves actos de corrupción”.
Para la Odebrecht, “algo olía mal en Dinamarca” ya que sus sobornos y coimas no se limitaban a nuestro país y hasta ese momento en Angola, sino que se habían destapado casos de sobornos en Perú, Panamá, Venezuela y Mozambique. Ahora bien, Odebrecht también había ganado el concurso para la construcción del muelle más grande del Caribe ubicado en Mariel, República de Cuba, y la ampliación del aeropuerto de Miami; así como el trayecto de interconexión con dicho aeropuerto de la línea aérea del Metropolitano de Miami. Gracias a la intervención del gobierno de los Estados Unidos de América, es que se ha conocido esta cadena de cohechos y de corrupción. De seguro los cubanos no abrirán investigación alguna, pero los gringos han amenazado con publicar la lista de los sobornados y hay pánico entre los receptores, en donde se han involucrado Ministros de Estado de otros gobiernos latinoamericanos y hasta el ex Presidente Toledo del Perú, cuyo gobierno ha pedido la extradición de los EE. UU.
De su parte, el Gobierno del presidente Medina creó una “Súper Comisión” compuesta por un religioso que la preside y que de electricidad no debe saber ni un comino. Además, es parte “renunciante” del Consejo Directivo de una empresa cibaeña asociada a Odebrecht. Otros miembros, salvo dos –que son partes interesadas- podríamos considerarlos de rellenos, ya que tampoco están calificados para evaluar una tan compleja obra de ingeniería eléctrica. El presidente Medina debió contratar una empresa internacional con experiencia en la construcción de este tipo de construcción, pero de haber sido así, de seguro no hubiese podido controlar el informe final, que indudablemente hubiera contactado la sobrevaluación, a no ser que el mismo tomase como base el informe ejecutado por un economista local. Éste, de manera desprendida pagó todas las páginas sostenedoras de la construcción, que según su íntima convicción, no aparenta estar sobrevaluada.
En esta semana pasada partieron para Brasil, el Procurador General de la República (PGR) y la directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), para investigar la operación “Lava Jato” e indagar sobre quienes son los verdaderos receptores de los sobornos. Hasta ahora, solo se ha hecho responsable el señor Ángel Rondón, quien al parecer pretende guarecer bajo su sospechosa sombrilla, todos los que recibieron las coimas, olvidándose que los que cooperan voluntariamente con las autoridades, les rebajarían las penas. Por eso, en fuentes de entero crédito se nos ha informado, que todas las pastillas de Lomotil han sido agotadas en las farmacias locales. Ojalá el PGR y su séquito no nos vengan con la pachotada de que: “Solo Rondón recibió la totalidad de los sobornos”, porque esa ingenuidad no se la creerán ni los Niños Cantores de Viena.