El intento de modificación de la Ley 176/07 de parte de nuestros congresistas, plantea no solo el tema de división política/administrativa del territorio, sino el del costo de la política y los políticos dominicanos, el cual se ha convertido en un insostenible lastre económico y social, un obstáculo para el desarrollo político e institucional del país y una de las principales razones de la inequidad, desigualdad e inseguridad que acogotan esta sociedad.

Se requiere un replanteamiento del régimen municipal dominicano a partir de una ley de ordenamiento territorial y una profunda reforma de las funciones del servidor público a nivel municipal. Pero para que esto sea efectivo es necesario un acuerdo político donde se planteen los temas de la racionalidad y del costo de la política y eso no puede ser realizarse sin la irrupción activa, sostenida y masiva de la sociedad. La política ha devenido una de las más prosperas industrias, con sus managers que en su mayoría no trabajan y ésta difícilmente podrá desmontarse con la sola participación de los políticos.

La política de nuestros políticos tiene la particularidad de ser una industria privada que se nutre y reproduce con fondos públicos, los cuales administra y asigna con criterios de perversa discrecionalidad. Sin embargo, no todos los políticos viven de esa industria, ni todos tienen los mismos ingresos. Es más, existen muchos militantes de partidos mayoritarios y de algunos minoritarios que trabajan por sueldos de miseria y que son honestos y esforzados funcionarios. Los principales beneficiarios de la industria política son la aplastante mayoría de los legisladores, de los funcionarios municipales elegidos y algunos “aliados” del partido oficial.

Un senador puede tener ingresos por 265 mil pesos mensuales, más lo que cobra por el “barrilito”, que algunos casos llegan a un millón de pesos mensuales. Un diputado puede embolsillarse hasta 392 mil pesos al mes, a parte de la exoneración anual de dos vehículos, bonificaciones que pueden llegar hasta 400 mil pesos y miles de pesos hasta para la “habichuela con dulce” en Semana Santa.

Estudios realizados plantean que, exceptuando Brasil, nuestro Congreso es el más caro de la región, si relacionamos el ingreso de un congresista por habitantes. Anteriormente, nuestros regidores no recibían salario fijo, sólo dieta para asistir a las sesiones. En muchos países el cargo es honorífico y sólo tienen salarios aquellos que trabajan de manera permanente y exclusiva en comisiones.

Aquí, violando la Constitución en su artículo 140, que plantea que ninguna institución pública puede incrementar su remuneración ni su sistema o beneficios colaterales, regidores y congresistas se auto asignan sus salarios y pensiones, dándose casos de algunos ayuntamientos donde en términos relativos, los regidores ganan más que jefes de Estado de algunos países hiper desarrollados. Un regidor del Distrito Nacional gana entre 150 y 160 mil pesos mensuales, el sueldo de 20 policías o 15 médicos, 20 profesores y 30 bomberos, a veces sin asistir a ninguna sesión durante el mes.

De ahí la necesidad de impedir la fragmentación del territorio nacional, abaratar la política y cambiar muchos políticos. Las próximas elecciones podría ser una buena oportunidad para empezar esa impostergable tarea.