El alcalde del municipio de Santiago de Los Caballeros, Abel Martínez, podría acudir al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que el gobierno central cumpla con la Ley 166-03 que establece la entrega del 10% del Presupuesto General del Estado a los ayuntamientos.
Asimismo exigió a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) que asuma la lucha porque se cumpla la Ley en cuanto a la asignación de los recursos a los ayuntamientos, así como él lo hace para el cabildo de Santiago.
Al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el ejecutivo municipal definió como una barbaridad lo asignado a los ayuntamiento para el próximo año, ya que los recursos no llegarán siquiera al 2.8% que reciben actualmente.
«Eso es ahogar a los ayuntamientos, un cabildo como el de Santiago, con más de 800 mil habitantes, que debe dar la cara con obras y servicios, con este Presupuesto miserable no hay manera de que el ayuntamiento pueda cumplir con las necesidades», precisó Martínez durante su comparecencia.
Pasarán vergüenza. Exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a reconsiderar las partidas destinadas a los gobiernos locales, porque con los recursos destinados para 2018 los gobiernos pasarán vergüenza, ya que no podrán responder a las exigencias de los munícipes.
Precisó que hace una semana solicitó al Concejo de Regidores que autorice a la administración municipal acudir por ante el TC a reclamar que en el Presupuesto General del Estado se establezca lo que la Ley ordena en cuanto a los aportes a los ayuntamientos.
«Ese poder fue aprobado por el Concejo de Regidores, pero nosotros no estamos diciendo que vamos a usar ese poder, no queremos llegar a ese nivel», aclaró Martínez.
Sin enfrentamiento. Llamó al director General de Presupuesto, a quien solicitó una cita para que escuche el reclamo de Santiago de Los Caballeros, que aporta alrededor del 15% del Producto Interno Bruto del país y apenas se le devuelve menos del 3%.
Sostuvo que lo que hace no es contra nadie, en este caso contra el presidente Danilo Medina, como querrán decir algunos de mentalidad política pobre.
«No tenemos enfrentamiento contra nadie, no puede ser un enfrentamiento el que nosotros reclamemos un deber que tenemos, mucho menos contra un Presidente de la República que nosotros valoramos, apoyamos, defendemos y que consideramos invaluable su gran obra en todo el país», expuso.
Recordó que su rol como alcalde y ciudadanos de Santiago es exigir lo que corresponde a esa demarcación en cuanto a Presupuesto para una alcaldía que quiere cumplir su rol.
Sostuvo que no aboga por recursos para una institución que no haría un uso correcto, como sucedía en décadas pasadas, cuando los cabildos se llenaban de empleados innecesarios (botellas)
Defiende su rol. Defendió su rol actual como alcalde de Santiago para exigir los recursos que debe recibir, lo que no pudo hacer como presidente de la Cámara de Diputado, ya que el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto que para modificarlo se necesita de las dos terceras parte de la matrícula.
No obstante, dijo, que el presidente Danilo Medina ha dado respuestas a problemas puntuales, pero que con los recursos que están contemplados para 2018 Santiago no podrá avanzar los planes propuestos.
Lo que recibe. Informó que el Ayuntamiento local apenas recibe mil millones de pesos del gobierno central, más 600 millones por recaudaciones propia.
Expresó que no existe una cultura de pago de los arbitrios y los servicios por parte de los munícipes a los ayuntamientos, de ahí que más de 300 empresas de Santiago adeuden más de 500 millones de pesos al cabildo por los conceptos citados.
Precisó que solamente las bancas de apuestas adeudan al ayuntamiento de Santiago más de 200 millones de pesos, de los que dos o tres se han acercado a pagar, porque se les ha hecho un descuento de un 80%, según el alcalde Martínez.
Dijo que esa deuda se arrastra desde hace alrededor de 10 años y hasta 2016, lo que coloca al gobierno local en una situación muy incómoda, a tal extremo que se vio obligado a publicar en una valla los nombres de algunas de las empresas deudoras.
Explicó que el cabildo llegó a esos extremos luego de agotar todos los mecanismos habidos y por haber para que los responsables de las deudas vayan, no solamente a pagar, sino a sentarse con las autoridades para buscar fórmulas de pago.
Descuentos. Sostuvo que la alcaldía llegó al extremo de que el Concejo de Regidores aprobara una resolución que autorizaba a la administración que encabeza a negociar con descuentos de 60 y hasta 80% de los montos a pagar, pero que aún así muchos se resisten.
Afirmó que lo que exige el gobierno de la ciudad de Santiago es que entre las empresas, los ciudadanos y las autoridades haya un grado de respeto, ya que sin recursos no se pueden recoger los residuos sólidos, llevar seguridad, iluminar, construir infraestructuras y tomar otras acciones.
Señaló que el ayuntamiento eligió a nueve empresas para colocarlas en una valla como medio de presión para que acudan a pagar, porque no caben más, ya que son 300 en total las que no lo hacen.
Advirtió que cuenta con más vallas preparadas para ser colocadas en lugares públicos visibles, pero no las han colocados por el pedido de la Asociación de Comerciantes a Industriales de Santiago (ACIS) para que el cabildo otorgue un compás de espera mientras ella media entre sus miembros para que pasen por la alcaldía a ponerse al día.
Reforma fiscal. En torno a una eventual reforma fiscal, el alcalde Martínez considera que la municipalidad debe tomar una posición con aportes y criterios precisos sobre fuentes de ingresos, ya que la tendencia mundial se encamina hacia la descentralización, otorgando mayor fuerza a los gobiernos locales.
Indicó que esa tendencia se debe a que los ayuntamientos son las instancias más cercanas a los ciudadanos, mientras se preserva a los gobiernos centrales para los grandes temas.
«Todo esto deber ser en base a una propuesta concreta, seria, pero sobre todo, que convenga a los ciudadanos de cada localidad, a la sociedad en general y al país», puntualizó.
En el país está pendiente una reforma fiscal, reclamada por todos los sectores productivos y la oposición política, pero detenida por el gobierno central.
También está pendiente un pacto por la municipalidad desde hace dos años, en el que se identificarían fuentes de ingresos para los ayuntamientos, los cuales cada vez ven disminuidas sus entradas mediante cobros de arbitrios.