El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez consideró que es inaceptable que persistan las fichas de ciudadanos que han cumplido alguna condena en un registro público, por lo que llamó al Ministerio Público a buscar los medios para que se desista de esa práctica, que vulnera varios derechos fundamentales.
Rodríguez hizo el llamado a la fiscalía, ya que esta instancia es que tiene bajo control la entrega de documentos de antecedentes penales, conocido como el papel de buena conducta.
Deploró que terceros como empresas, embajadas y otros puedan tener acceso a informaciones que deben ser manejo exclusivo de los organismos de seguridad.
Rodríguez, autor de un recurso de inconstitucionalidad, al respecto, indicó que a muchas personas se les condena a la inhabilitación social cuando no pueden acceder a la actividad productiva por haber cometido un hecho en el pasado, a pesar que el Tribunal Constitucional ordenó que se desista de esa práctica.
Recordó que en la sentencia 0484-16 se ordena a los organismos de seguridad del Estado, darle acceso a los ciudadanos a ver el tipo de información que repose en sus archivos, y en el caso de que sea jurídicamente infundada, éste puede exigirle que sea borrado.
Apuntó además, que anteriormente las personas eran inscritas en un registro delictivo hasta por contravenciones o procedimientos correccionales.

Dijo que persistir en las fichas viola el derecho a la intimidad y la autodeterminación, al nombre. “Una persona que no tenga control o pueda autodeterminar el derecho al nombre, intimidad, reputación, es un muerto en vida”, expresó Rodríguez.
Señaló que ha llevado casos de personas, que se les ha negado la visa porque están en esos registros.
Insistió en que es entendible que la seguridad pública deba tener ese registro especializado, pero no debe ser público.
“Eso va a producir un efecto de inhibición social de la persona, en el sentido de toda actividad productiva y económica, porque lo convierte en un muerto en vida”, manifestó.