Los representantes legales de la agrimensora Ana Antonia Ozuna y la empresa Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa), aseguraron ayer que demostrarán la inocencia de sus defendidos, en este caso de Los Tres Brazos.
Los abogados Francisco Núñez Sánchez y Marino Féliz Rodríguez hablando por separado, explicaron algunos detalles, tras visitar a sus clientes en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Núñez Sánchez adelantó que Ana Antonia Ozuna fue contratada como agrimensora para hacer un trabajo y que fue sorprendida en su buena fe, en el caso.
“La persona que la contrató no fue Corde; ahora bien, el que la contrató murió. De nombre Venuá. Este sí trabajaba directamente en Corde. Entró ella a ayudarle a hacer el procedimiento, pero en el camino falleció; entonces ella tuvo que tomar el puesto de él. Por eso es que ella aparece”, reveló.
El abogado Núñez Sánchez indicó que, aunque el Ministerio Público dice que la agrimensora Ana Antonia Ozuna, que trabajó en el área de subdivisión y deslinde, actuó de manera irregular, se debe esperar la verificación de la sentencia judicatoria y el trabajo de deslindado que su cliente hizo.
“Ella manifiesta que dentro del proceso del deslinde, había una parte trabajada por el señor Venuá, el fallecido (quien trabajaba directamente con el jurídico de Corde); ella desconoce esa parte porque ella entró en una etapa iniciada. La parte que ella trabajó, lo hizo como manda la ley”, aseguró el abogado de Ana Antonia Ozuna.
Explicó además, que su defendida desconoce, pudo ser víctima de alguna alteración, pero advirtió que en el último trabajo realizado, cuando iba a recibir el pago, le estaban haciendo una anuencia, que ella decidió desistir al instante, en el momento; le estaban haciendo un pago de una gran suma que le causó sospecha y decidió no aceptar.
Habla abogado de Infepa. Entretanto que Marino Féliz Rodríguez, representante legal de Carlos Gómez, Julio Gómez y Juana Ines Gómez, directivos de Infepa, dijo que la participación de sus clientes es simplemente de negocios con el Estado dominicano. “Ellos hicieron un negocio con el Estado dominicano y ha resultado que a ese negocio lícito de comprarle terrenos al Estado, ahora el Estado en una actitud de tramposo, en contra de las personas con las que negocia, ahora dice que se trata de una estafa”, subrayó el profesional.
Féliz Rodríguez aseguró en tono enérgico que sus defendidos negociaron en buen derecho y en buena lid, pero en vez de adquirir una propiedad de manera lícita, lo que han comprado es una cárcel ilegal e ilegítima. Dijo que los directivos de Infepa tienen una sentencia del Tribunal Superior de Tierras, que valida todas las operaciones y todos sus títulos.