Los cuatros oficiales de la Policía Nacional acusados de sustraer cerca de un millón de pesos que habían recuperado de un robo seguirán detenidos de manera indefinida hasta tanto la Corte de Apelación decida sobre la recusación que se le hizo ayer a la jueza Clara Rivera, que conocería la medida de coerción.
Ayer la defensa de los imputados pidió que se escuchara al testigo principal, Rafael de la Rosa, la persona que hizo la denuncia de la entrega del dinero, pero la magistrada rechazó el pedimiento, lo que causó que estos la recusaran.
De acuerdo al abogado de la víctima, Mayobanex Ferreras en esta etapa del proceso no corresponde la escucha de testigos.
Por el caso son acusados el coronel Francisco Radhamés Vargas Ureña, encargado de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en Las Caobas; el teniente coronel Santiago Sánchez Gálvez, el segundo teniente Ormandis Alcántara Castillo y el capitán Martín Lara.
El caso se originó a raíz de la denuncia de robo que hizo una comerciante contra Fernando de la Rosa, un expolicía, al que acusaba de sustraer 1.5 millones de pesos de su residencia, quien habría tenido acceso a su casa luego de que esta le solicitara para la instalación de unas cámaras de seguridad.
La Fiscalía dice que el capitán Madé Lara y Alcántara Castillo realizaron un allanamiento sin orden judicial a la casa de Rafael de la Rosa, padre de Fernando y levantaron un acta de entrega voluntaria de RD$329,500 y sustrajeron la suma de RD$1,170,500, los que se repartieron entre ellos.
El Ministerio Público dice tener los audios donde se escuchan a dos oficiales negociando con De la Rosa la distribución del dinero, en la que incluían al teniente coronel Sánchez Gálvez, para no dejar evidencia.
A Vargas Ureña se le vincula al caso supuestamente por amenazar a la víctima del robo y a su abogado, porque estos acudieron al departamento de Asuntos Internos de la Policía a denunciar la situación.
Según declaró un agente de la Policía, este también le habría obligado a borrar el audio que tenía en su poder donde los oficiales negocian con el acusado.
Las familias de los acusados coparon el Palacio Judicial de Santo Domingo Oeste proclamando la inocencia y el honor de estos.