Ayer fue presentada una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Asociación de Industrias en la que se plantea superar los errores del pasado en materia de incentivos fiscales.

La propuesta busca evitar que República Dominicana y los demás países de América Latina vuelvan a dar los incentivos proteccionistas indiscriminados a determinados sectores industriales sin contribuir a la mejora de la productividad de la economía o que se caiga en el error, como planteó el consenso de Washington, de rechazar todo tipo de inversión del Estado en apoyo a los sectores productivos.

El estudio aclara que “una activa agenda de políticas de desarrollo productivo no supone necesariamente un mayor gasto de recursos fiscales sino, más bien, cómo encontrar ahorros recortando políticas que no se justifican o que no funcionan con el fin de fortalecer aquellas que tienen buenos resultados y hacer lugar a nuevas políticas prometedoras”.

El BID hace énfasis en que el ámbito de esta nueva política “es la totalidad de la economía y no la industrialización acelerada; su énfasis es la competitividad y la integración en las cadenas globales de valor y no la sustitución de importaciones, y sus instrumentos de intervención no son las empresas públicas o los subsidios en sectores declinantes o a empresas de bajo potencial competitivo, sino las políticas de innovación, de mejora del capital humano, de facilitación del emprendimiento y de los clusters, de internacionalización y, muy especialmente, una activa colaboración pública y privada”. Estos planteamientos están contenidos en el estudio del BID “Cómo repensar el desarrollo productivo”, editado por Gustavo Crespi, Eduardo Fernández-Arias y Ernesto Stein.

La presentación se hizo en un encuentro en uno de los salones que ocupa la Asociación de Industrias en la Torre Empresarial, donde sirvieron de anfitriones la represente local del organismo internacional en el país, Flora Montealegre, y el presidente de la AIRD, Campos de Moya.

El énfasis de esta publicación está en la motivación y cuantificación de los efectos directos e indirectos de algunas experiencias de políticas de transformación productiva que recientemente se han desarrollado dentro y fuera de la región, y que abarcan un espectro de áreas que se extiende desde los subsidios hasta los proyectos de innovación, la apertura de agencias de fomento de las exportaciones y la inversión, la creación de incubadoras de nuevas empresas, los clusters de desarrollo, los programas de formación o la atracción de tecnologías y las empresas especializadas en sectores muy concretos.

La propuesta del BID diferencia aquellas políticas de desarrollo productivo que tienen una aplicación en determinados sectores o empresas (políticas verticales) de aquellas políticas horizontales, que potencialmente afectan a la totalidad de la economía. Además, diferencia aquellas políticas que tienen efectos directos sobre los márgenes de rentabilidad de las empresas de aquellas que constituyen insumos públicos para facilitar la producción.

El BID sostiene que hay varias lecciones que aprender, entre las cuales cita el hecho de no contar con un bien, servicio o factor crítico para el desarrollo (o que el acceso al mismo sea parcial e insuficiente), no implica necesariamente que haya que intervenir o crear una política productiva. Lo que hace necesarias las políticas de desarrollo productivo es la existencia de una falla de mercado, estática o dinámica. Otras lecciones son que la solución de esa falla de mercado debe ser la elección de la política más adecuada en términos de eficiencia, costo, riesgo y simplicidad, aun en el caso de que la falla de mercado exista, y aun si la política de desarrollo productivo para abordarla está plenamente identificada y es la alternativa más eficiente, si no se cuenta con la institución o las instituciones adecuadas para desarrollarla: las políticas que suponen intervención en los mercados se exponen a más riesgos que las que se limitan a producir insumos públicos; y elegir las políticas que efectivamente encajen en las capacidades institucionales de la economía.