República Dominicana cuenta con una ley de leyes y cimiento jurídico de amplitud para mantener un estado de derecho en beneficio de toda la sociedad. Un repaso a su aplicación, en este oportuno aniversario de la firma de la primera Constitución, no traería un balance equilibrado al faltar todavía la adaptación de importantes legislaciones adjetivas al marco institucional más recientemente asumido. El país deviene además del antecedente de haberse incurrido en reformas forzosas impulsadas por aspiraciones coyunturales y unilaterales de políticos, sin que desaparezca de un todo el riesgo de que se arremeta sobre normas que protejen la democracia de largas permanencias en el poder históricamente negativas.

La continuidad de una infraestructura legal es una imprescindible indicación de respeto a la constitucionalidad, habiéndose cumplido ya con sentido de oportunidad la conveniencia de modernizarla y fortalecerla como instrumento que coloca a las causas sociales en primer plano. Ahora procede avanzar hacia la cabal aplicación de esta Carta Magna expuesta, en aspectos esenciales, a los vaivenes de la interpretación por conveniencia partidaria y a merced de la resistencia de quienes, a partir de la acumulación de intereses e influencias, persistirían en lograr que la Constitución se quede corta en su vigencia, tendiendo como antes a la condición de vulnerable pedazo de papel.

Una exhortación a la prudencia

Los médicos que recurren a repetidas huelgas en el área estatal, pero que no fallan al servir en clínicas privadas, insisten en un riesgoso camino de discordia múltiple contra un importante sector social, contra el Estado y hasta contra sí mismo, imprimiendo excesiva pugnacidad a su lucha interna, con muestras de intransigencia entre colegas. Es hora de poner un alto; al menos con una tregua para la reflexión.

Sin renunciar a sus demandas ni a otras formas de protestar, deben acogerse a las ofertas de mediación digna, conscientes de que las persistentes paralizaciones causan una acumulación de problemas de salud en la gente más pobre expuesta a una mayor mortalidad por enfermedades graves. Un ancho estrato de la nación atrapado entre las fallas ordinarias del sistema hospitalario y las arremetidas huelguísticas.