Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que «el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos», con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.
Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, «con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas», según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un «Estado capturado» por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre «Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia», concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.