Acceso a la Justicia y Defensa Pública

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Sin Defensa Pública no hay verdadero acceso a la Justicia”. El Estado dominicano tiene como función esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Todo esto dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, conforme el artículo 8 de la Constitución.
De lo que se desprende que la efectividad de la protección de los derechos de las personas se materializa cuando el ciudadano en la práctica, tiene a su alcance todos los medios que le permiten ejercer sus derechos y puede exigir al Estado que estos sean respetados por todos.
El acceso a la Justicia se constituye como una garantía que permite que los ciudadanos puedan lograr la defensa y respeto a sus derechos fundamentales, lo cual en términos materiales sería imposible conseguir, entre otros elementos, si no es por medio de un abogado, para el agotamiento de las prerrogativas y facultades que la ley dispone en favor del titular del derecho, a través de las gestiones de defensa que este realice en favor de su defendido. En otras palabras, para lograr un verdadero acceso a la Justicia es necesaria la presencia de un abogado, y que además sea gratuito.

Por ello, el Estado dominicano ha consignado a la Defensa Pública como uno de sus órganos, a fin de asegurar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a defenderse ante una imputación en su contra, mediante la designación de un defensor/a público/a a toda persona sometida a un proceso penal, que no cuente con un defensor/a de su elección o con los medios económicos para costearlo. Lo que ha permitido que en nuestra nación se cuente con un servicio de defensa penal de máxima calidad, que en la práctica ha hecho posible que el derecho fundamental a defenderse se cumpla de forma efectiva.

Respecto al acceso a la Justicia se ha considerado a nivel internacional [1] la necesidad de que los Estados remuevan los obstáculos que lo impiden cuando su raíz para el acceso sea de carácter económico. El hecho de permitir que los ciudadanos puedan acceder a la justicia, sin trabas, por medio del ejercicio del reclamo de sus derechos utilizando las vías establecidas, nos conduce a vernos como un Estado maduro que protege los derechos y garantías de sus habitantes.

El derecho de defensa tiene una gran significación, ya que su consagración supone el acceso a la Justicia, pues la cuestion de igualdad ante la ley se traduce necesariamente en una cuestión de igualdad ante la Justicia. El acceso a la Justicia implica además de leyes, un conjunto de variables, instituciones y prácticas para que efectivamente sea una realidad.

El rol de la Defensoría Pública en el acceso a la justicia es crucial. Las personas no tendrían verdadero acceso a la justicia en condiciones de igualdad sin la asistencia de un defensor/a técnico. De ahí que, el derecho a la defensa debe ser inviolable e irrenunciable. La participación de un defensor/a técnico determina el verdadero acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

El acceso a la justicia es un concepto complejo y su operacionalización también lo es. Se materializa mediante una defensa adecuada, siendo esta la primera puerta del sistema de justicia para la población que no tiene abogado y ha sido acusada de cometer un delito.

Si la Defensa Pública no funcionara adecuadamente, no importaría tener jueces independientes y ministerios públicos profesionalizados.
El sistema de Justicia, como sistema, al final no funciona adecuadamente de forma aislada, requiere que todas las instituciones funcionen adecuadamente, sobre todo la Defensa Pública para que exista, en términos reales, acceso a la Justicia, como parte del debido proceso.

Las defensorías son una lección de civilidad que proviene del continente latinoamericano. Y con la que el Estado dominicano cuenta para poder establecer en términos prácticos que somos una Nación basada en un Estado social y democrático de derecho.