Acuerdo MP-Odebrecht en “stand-by” después que el juez Vargas lo objetó

Acuerdo MP-Odebrecht en “stand-by” después que  el juez  Vargas lo objetó

A trece días de que el juez Alejandro Vargas devolviera sin homologar el contrato firmado por el procurador general, Jean Rodríguez y Odebrecht, se desconoce el nuevo giro dado a la negociación que permitiría al país, obtener un resarcimiento de US$184 millones, y la lista con los nombres de los funcionarios beneficiados con los más de US$92 millones de sobornos que, se dice, fueron pagados por el consorcio brasileño en el país.
El juez del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible el procedimiento de homologación del referido acuerdo, afirmando que el criterio de la conciliación establecido en el artículo 37 del Código Procesal Penal (CPP) y en el que las partes fundamentaron sus pretensiones, “fue concebido para dirimir conflictos de otra naturaleza como las contravenciones, infracciones de acción privada; de acción pública a instancia privada y homicidio culposo, y otros”.
Afirmó el magistrado Vargas que al Ministerio Público recurrir al acuerdo de conciliación, desbordó el principio de legalidad, por cuanto condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado en virtud de algún mandato legal, y además ignora que, “tal y como han reconocido ambas partes (procurador y Odebrecht), se trata de hechos graves y, en consecuencia, requieren otro remedio procesal de mayor rigurosidad”.
En 60 días. Mediante este acuerdo Odebrecht se comprometió a entregarle al MP en un plazo de 60 días, a contar del primero de este mes cuando el juez Vargas emitió su fallo, la lista con los nombres de los funcionarios que cobraron los sobornos a cambio de que Odebrecht obtuviera los contratos de 17 obras a ser ejecutadas en el país.
Sin embargo, al ser devuelto al procurador general sin validar, el acuerdo debe ser reformulado, en virtud de otro instrumento o criterio jurídico que dejó como alternativa el juez Vargas.
El experto constitucionalista y asesor del procurador general en el caso, Eduardo Jorge Prats, ha dicho que favorece acuerdo sea por el criterio de oportunidad.

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