Un informe elaborado por una fuente oficial salió ayer al frente a la posición de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), donde se cuestiona que esa entidad utiliza como referencia el año 2010 para sugerir que se transfieran a los usuarios la baja en los precios del petróleo, “obviando los años siguientes cuando el precio del petróleo remontó hasta 140 dólares, y el precio de la energía se disparó a promedios superiores a los 28 centavos de dólar”.

“Estas exorbitantes alzas en el precio de los combustibles, y por ende de la energía eléctrica, no fueron transferidas a los usuarios, porque de hacerlo, como sugerían entonces los generadores, hubiese sido catastrófico para los clientes del servicio y hubiera supuesto una caída estrepitosa de las cobranzas, ya que un gran número de los clientes que pagan no hubieran podido hacerlo”, señala el informe.

El documento explica que “la absorción por el Estado de este elevado aumento en los costos de la energía supuso al gobierno un gasto extra de miles de millones de dólares que fueron a parar a un barril sin fondo, y una gran parte de los cuales se quedó en los bolsillos de los generadores”.

Agrega que “a partir del último cuatrimestre de 2013, ciertamente comenzaron a bajar los precios de los combustibles y el costo de la energía, pero eso no supuso ingresos extras para las Distribuidoras de Electricidad y la CDEEE, sino una reducción del subsidio que el Gobierno entregaba para cubrir los sobrecostos”.

“Esta reducción ha permitido que el Gobierno utilice los recursos que se ha ahorrado de este subsidio en numerosos programas que ejecuta desde distintos sectores, como mejoras en la educación, en los programas asistenciales y en la salud”, explica.
Agrega que “también se han invertido ingentes recursos en el sector eléctrico, que van desde los programas de rehabilitación de redes, que si bien tienen un financiamiento internacional, también tienen un componente local que debe ser cubierto por el gobierno”.

“Se han instalado kilómetros de redes de alta, media y baja tensión, construido y repotenciado subestaciones eléctricas, se han levantado minicentrales para iluminar a zonas aisladas que nunca antes habían disfrutado de electricidad. Todo lo cual se refleja en el hecho de que cerca del 60 % de los clientes del sector eléctrico ya disponen de servicio 24 horas”, expresa.

Además aborda el financiamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que tiene un costo aproximado de 2 mil millones de dólares, y señala que “para financiar la obra se gestionaron dos préstamos por 1200 millones de dólares, lo que “significa que el resto de los recursos debía ser aportado por el gobierno dominicano”. “Es decir, desde la concepción, licitación, adjudicación e inicio de la construcción se sabía que el Estado aportaría una parte significativa del costo”, expresa.

También critica lo que define como una campaña nacional e internacional para evitar primero que el financiamiento fuera aprobado y luego para que no sea desembolsado, a lo cual suman “los problemas internos que tiene uno de los dos financiadores”.
Sin embargo, afirma que existe la voluntad del gobierno dominicano de concluir una obra que es una de las principales patas de la mesa en que se asienta la solución del problema eléctrico dominicano, y ha hecho los esfuerzos para que la obra no se detenga.