Hoy 
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) demandó hoy del Estado dominicano, la recuperación de los más de 70 millones de dólares que ha recibido, por operación y manejo del peaje de la autopista de las Américas, la empresa Concesionaria Dominicana de Autopista y Carreteras (CODACSA).
ADOCCO manifestó que esta empresa es beneficiaria de la concesión, para la ampliación y mejoramiento de la autovía del Este, tramo comprendido entre las provincias San Pedro de Macorís y La Romana.
Indicó que esta cifra se obtiene del cálculo estimado desde la entrega del manejo operacional del peaje de la autopista las Américas, en febrero del 2003, que totaliza 113 meses, con un ingreso estimado por concepto de recaudación de 25 millones de pesos mensuales, lo que totaliza, dos mil ochocientos veinticinco millones de pesos, que al ser divididos a la tasa de cambio oficial de 39 X 1, representa un total de72 millones de dólares.
El contrato de concesión administrativa en régimen de peaje para la ampliación de la carretera San Pedro de Macorís La Romana fue firmado el 26 de noviembre de 2001 entre Codacsa y el Estado, el mismo fue aprobado por el Congreso Nacional y publicado en la Gaceta Oficial el 25 de octubre de 2002, señaló la entidad.
Expresó que CODACSA comenzó a operar la concesión en febrero de 2003, lo que constituyó un hecho sin precedente, ya que el sentido de la concesión de obras de infraestructura como las carreteras, es que la empresa constructora realice la inversión correspondiente y durante un tiempo que por lo general oscila entre 20, 25 y 30 años, para que recupere la inversión bajo la modalidad de peajes.
La organización de la sociedad civil, responsabilizó al ministro de Obras Públicas de provocar que el gobierno sea condenado al pago de 45 millones de dólares a la Concesionaria Dominicana de Autopista y Carreteras.
El coordinador general de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, dijo en nota prensa que el ministro de Obras Públicas es quien debe pagar civilmente a CODACSA, tras el fallo emitido por la Corte Internacional de Arbitraje, ya que a su juicio, manejó de manera incorrecta las operaciones de esa concesionaria, desatando la litis judicial por el contrato, que además de la condena, le representó al país en pago de honorario a abogados de más de ocho millones de dólares.
