La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicitó hoy a la Cámara de Cuentas que ordene una auditoria a las operaciones de las carreteras Santo Domingo – Rincón de Molinillos y Rincón de Molinillos – Las Terrenas, manejadas bajo el régimen de concesión por la empresa Autopistas del Nordeste.

Explicó que el Estado dominicano debe pagar en este año 2015 dos mil quinientos millones de pesos, equivalente a seis millones ochocientos cincuenta mil pesos (RD$6,850.000.00) diarios, producto del déficit de vehículos que no circulen por la concesionada autopista, establecido en el contrato firmado por el Estado dominicano en el año 2001, lo que se denomina como peaje sombra, que es la diferencia de lo recaudado y dejado de recaudar.

Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, informó que además de la solicitud a la Cámara de Cuentas para que audite las operaciones, requirió de la empresa Autopistas del Nordeste, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Publica 200-04, que rinda un informe pormenorizado de las recaudaciones que por concepto de cobros de peajes a los que por esas carreteras transitan, lo que se ha convertido en el mejor secreto guardado en el área del Caribe.

«Están obligados a servir por ser estos “socios” del Estado dominicano, además de haber recibido más de 7 mil millones de pesos provenientes del presupuesto general de la nación, que es una de las condiciones que establece la referida ley para que las entidades públicas rindan cuentas, que aunque la operadora no lo es, si maneja recursos públicos con las recaudaciones y recibe dinero público con el pago de peaje sombra», dice Adocco en un comunicado de prensa.

Sostiene que desde el inicio de las operaciones de la autovía la administradora ha recibido la astronómica suma de siete mil millones, novecientos cuarenta y nueve mil, quinientos pesos, lo que de acuerdo al contrato que tiene una duración de 30 años se denomina “Ingreso mínimo garantizado”, según lo estipulado por la concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, donde se obliga al Estado a pagar un costo elevado por una cantidad mínima de vehículos que deberían utilizar la vía, sin conocerse de manera transparente lo recaudado por la empresa en las estaciones de peaje que opera, cuyo cobro en un viaje de ida y vuelta a Samaná en vehículo liviano, los usuarios de la carretera, construida a un carril en sentido contrario, deben pagar 1,876 pesos en cuatro estafetas.

«Bajo ese mismo esquema, se le concedió a la misma empresa la construcción del Boulevard del Atlántico que es la carretera que va desde el cruce de Rincón de Molinillos hasta las Terrenas, operada bajo el mismo régimen de peajes, habiendo invertido unos 99 millones de dólares y entregada por el mismo periodo de administración, con la agravante de que no fue licitada, no obstante están en funcionamiento en ese momento la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que estamos haciendo los estudios de lugar para invalidar la concesión ante los tribunales nacionales e internacionales de ser necesario», concluyeron.