La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó a la Cámara de Cuentas realizar a la mayor brevedad auditorías al programa de adquisición de solares para la construcción de escuelas del sector público.
Según la entidad, para tales fines se “formó un clan que identificaba los terrenos, algunos con vocación para levantar escuelas y otros sin las condiciones mínimas, procediendo a comprarlos a través de terceras personas y luego recomendar al ministerio la obtención de estos a un costo muy por encima del valor de mercado”.
Esto se hacia no obstante tener las autoridades que declararlos de utilidad pública y pagarlos conforme el avalúo del Catastro Nacional como manda la norma.

La organización de la sociedad civil presentó como muestra el contrato del tres de febrero de 2014, entre Carlos Alberto Amarante Baret, en su calidad de ministro de Educación, y Santiago Taveras Jiménez, quienes firmaron el contrato identificado con el número 3347, mediante el Poder Especial No. 4-14, del 31 de enero de ese año, para la adquisición de un terreno, ubicado en la parcela No. 1-J, del Distrito Catastral No. 2, de la provincia Valverde, con un área total de (40,457.00 metros cuadrados) de los cuales le transfirieron al Estado una porción de terreno de 8,640.00 metros cuadrados.

El precio acordado por los intervinientes en representación del ministerio de Educación fue trece millones de Pesos (RD$13,000.000.00), de los cuales el vendedor solo recibiría once millones de pesos (RD$11,000.000.00), ya que dos millones (RD$2,000.000.00), quedarían en manos de intermediarios que hicieron posible la transacción.

El vocero de la organización de la sociedad civil dijo que en los próximos días dará pasos tendentes a judicializar los casos de irregularidades que se produjeron en la pasada gestión del ministerio de educación.