La proporción de la deuda pública ha crecido tanto, que su cercanía al 50% del PIB se convierte en factor de creciente riesgo, de preocupación justificada. Es a partir de ese nivel que las agencias calificadoras de riesgo empiezan a ponerle cifras a los niveles de solvencia y confianza de la economía del país, y eso se traduce en encarecimiento de los intereses y servicios del débito, incluyendo los vinculados a los bonos colocados en el mercado externo. Sobre estos signos preocupantes es que han estado advirtiendo INTEC y diversos economistas del patio.
Solo los países altamente industrializados, exportadores netos con alto dominio en el mercado de bienes y servicios, pueden darse el lujo de permitir que su deuda se aproxime, coyunturalmente, al tamaño del PIB. Nosotros no reunimos semejantes condiciones, aparte de que el panorama del endeudamiento se agrava porque ni hemos resuelto el déficit cuasi fiscal, ni estamos en vías de conjurar el déficit fiscal que obliga a financiar el presupuesto con deuda a intereses no siempre ventajosos.
Urge que hagamos una reforma fiscal profunda, que reduzcamos el gasto público sin perjuicio de la inversión, y que frenemos el endeudamiento. No estamos al borde de una catástrofe, pero hacia ahí marcharíamos si no tomamos las medidas pertinentes. Evitemos las maniobras de emergencia.

Un llamado imprudente

Es posible que sean valederas las razones que invoca el Colegio de Abogados de la República Dominicana para convocar a jueces, fiscales y empleados judiciales a un paro de labores en demanda de respeto a derechos y otras prerrogativas dentro de la función judicial. Pero un paro laboral no ayudaría a la Justicia a enderezar los pasos que el colegio estima torcidos. La celeridad de la justicia es un faltante que se agravaría si se atiende a este llamado.
Por demás, el llamado a paro de labores en el tren judicial se produce en momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene por delante el reto de hacer una elección idónea y transparente de jueces para las altas cortes. Los reclamos del Colegio de Abogados merecen ser llevados a otro plano, a una asamblea por ejemplo, que ayude a la Justicia a marchar con más garbo.