AEIH teme crisis política, económica y social al imponer Ley de Partidos no consensuada

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) se manifestó profundamente preocupada por la forma irreflexiva y excluyente que prevalece en el proceso de discusión y aprobación legislativa del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

Manifestó que, después de ser engavetada deliberadamente por más de una década, la  normativa no se debe festinar, “sancochándola en dos o tres semanas” sin tomar en cuenta la posición de la Junta Central Electoral (JCE) y de todos los partidos políticos opositores.

Asimismo, indicó que la legislación no debe concretarse sin escuchar a las más importantes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de la democracia y la institucionalidad,de las iglesias y de los gremios empresariales.

“Desde nuestra asociación advertimos que la aprobación al vapor de la ley, solo para imponer a todo el sistema político una modalidad de elecciones primarias favorables a uno u otro sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría abrir las puertas de una profunda crisis política”, advirtió el presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán.

El dirigente empresarial manifestó que esa crisis podría eclosionar antes o después de las elecciones generales del 2020, situación que afectaría la economía nacional, el clima de negocios y la calidad de vida de millones de dominicanos y dominicanas.

El presidente de la AEIH hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que se abstenga de aprobar cualquier contenido no consensuado con los diferentes actores del sistema político y con los sectores sociales organizados y preocupados por la salud de la democracia y el Estado de Derecho.

Las reformas pendientes ya están consensuadas 

Propuso a las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional retomar la discusión constructiva sobre los puntos de las Leyes de Partidos y del Régimen Electoral que cuentan con el respaldo de la JCE, de la mayoría de los partidos opositores, la opinión pública, las iglesias, del empresariado y observadores internacionales de la talla de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre esos puntos citó la regulación más estricta y transparente del financiamiento de los partidos y las  campañas electorales; la participación equitativa de los candidatos y partidos en los medios de comunicación; la regulación de los tiempos de las campaña;  el aumento de las penas para los delitos electorales y el uso ilegal de los recursos del Estado por parte de sectores oficialistas, entre otros.