México está tratando de aplicar mano dura con las tarifas de las aerolíneas y las demoras en los vuelos. Las empresas aéreas no quieren ni siquiera pensarlo.
El organismo mexicano de protección de los consumidores multó a cinco líneas aéreas, incluida JetBlue con sede en Nueva York, por un total de 22,4 millones de pesos (US$1,27 millones) por supuestas transgresiones como cobrar a los viajeros por despachar una primera maleta.
La entidad, que no suele enfrentarse a las grandes corporaciones, también está fiscalizando si las líneas aéreas cumplen con un nuevo requisito de indemnizar a los pasajeros cuando los vuelos sufren demoras importantes.

La pregunta es si Profeco, como se conoce al regulador, puede hacer que las multas se paguen — y ganar la batalla ante un recurso judicial presentado por las aerolíneas en los tribunales mexicanos.
Las empresas aéreas todavía cobran por facturar equipaje en los vuelos a los Estados Unidos y Canadá, diciendo que un tratado internacional se impone a las nuevas leyes.
Las compañías no accedieron a informar si han pagado algún gravamen dispuesto por Profeco.

Esto hace de Ciudad de México el último frente en el choque entre los derechos de los pasajeros y las tarifas de las aerolíneas.

“En este caso se enfrenta la libertad económica de las líneas aéreas para hacer negocios con una gran parte de la población que usa esos servicios”, dijo Julio Salazar, director legal de El Poder del Consumidor, organización de defensa de derechos que apoya el esfuerzo para limitar las tarifas.

Profeco no accedió a efectuar declaraciones, haciendo referencia a la disputa judicial en curso. Tres de las compañías multadas, Grupo Aeroméxico SAB, Volaris y Viva Aerobus, tampoco accedieron a efectuar declaraciones. Interjet no respondió un pedido de comentarios. JetBlue Airways Corp. refirió las preguntas a Airlines for America, el grupo de lobby de las grandes aerolíneas de los EE.UU.
“A4A se ha comunicado con los funcionarios tanto del Gobierno mexicano como del estadounidense para expresar nuestra preocupación por el efecto de las nuevas normas referidas a las tarifas por el equipaje despachado en el acuerdo de servicios aéreos entre EE.UU. y México”, dijo Kathy Allen, portavoz de A4A.
“Seguimos comprometidos con garantizar que se respeten los derechos de las empresas aéreas estadounidenses”, dijo.

El quid de la cuestión es si la constitución mexicana reconoce los derechos del consumidor como derechos humanos, como interpretan algunos estudiosos. El tratado internacional dice que las líneas aéreas tienen libertad para fijar sus propios modelos de precios de acuerdo con los principios del mercado. El conflicto significa que el caso podría llegar a la Suprema Corte mexicana, dijo Salazar.

“Esto se reducirá a la capacidad de Profeco para litigar ante los tribunales”, señaló.