Baní, provincia Peravia
La Policía Nacional impidió ayer la entrada de una manifestación del Movimiento Marcha Verde hasta el área donde se construye la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, señalada por esa agrupación como ‘cuerpo del delito’ del escándalo de corrupción internacional Odebrecht.
Los verdes realizaron ayer una concentración-caravana que inició alrededor de las 9:00 de la mañana en el parque central de Baní y que luego recorrió varias calles del pueblo para dirigirse a Punta Catalina, ubicada a unos 12 kilómetros.
Los vehículos se desplazaron hacia el primer punto de entrada en la zona del ‘mercadito de Paya’, pero allí se encontraron con un cordón policial que no permitió el acceso.
“Obviamente es una torpeza total por parte de las autoridades. Se había coordinado con ellos el paso y la respuesta fue sencilla: que no había ningún problema, sin embargo todo parece haber sido una mentira, una farsa. Hemos visto que han cerrado y puesto vayas y colocado un contingente policial”, expresó Manuel Jiménez mientras el grupo lanzaba consignas en rechazo de la medida que consideraron sorpresiva.
Jiménez dijo que la acción no fue más que una muestra de la intolerancia de las autoridades frente a la lucha pacífica que desarrolla el pueblo dominicano.
“Esta caravana es pacífica, es una acción ciudadana a la que tenemos derecho, en nuestras actividades no se ha hecho el primer desorden, somos ciudadanos que hemos decidido luchar contra la corrupción y la impunidad”, indicó.
El grupo intentó luego dos entradas más hacia las plantas, pero en todas los esperó un cordón policial. En el último punto, ubicado en la comunidad de Nizao, el grupo se concentró y leyó un manifiesto en el que criticó la construcción de las plantas a carbón y la comisión que investigó la licitación.
Piden anular contrato. En su manifiesto, la coordinación de la Marcha Verde exigió la anulación inmediata del contrato firmado entre el Gobierno del presidente Danilo Medina y la Odebrecht para construir las generadoras, así como la expulsión del territorio nacional de la multinacional.
Declara nulo el acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, exigiendo que los ejecutivos de la empresa sean procesados penalmente, por considerar que a más de ocho meses de que admitiera el pago de más de 92 millones de dólares en sobornos, aseguran, el procurador es incapaz de presentar las pruebas convenidas, “con lo cual queda claro que el objetivo del acuerdo era ocultar las sobrevaluaciones que sirvieron de base a la financiación política ilegal y garantizar impunidad para la constructora y sus cómplices”, señalan.
Precisaron que su oposición es a la corrupción y la contaminación y no las plantas, al tiempo que criticaron a las autoridades de la provincia, tales como el senador Wilton Guerrero.
El grupo, que lució menos masivo que en otras jornadas, cerró la concentración con canciones interpretadas por Jiménez.