El presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores, Miguel Valoy, denunció ayer que esos profesionales están siendo totalmente excluidos de la participación en las obras que lleva a cabo el Estado, lo que, según dice, viola la Ley 6200 sobre el Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura, La Agrimensura y Profesiones Afines, además de la Ley 640-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Dijo que en el plan de titulación solo se ha licitado el 8% de los títulos que el Gobierno ha entregado y que en las obras civiles no se transparenta su partida, “lo que quiere decir que no se están haciendo licitaciones para los agrimensores en lo que tiene que ver con topografía y agrimensura en las obras”.

“Esto quiere decir que por ejemplo, en una carretera donde el 80% de la actividad es topografía, esa partida no es licitada hacia los agrimensores”, explicó Miguel Valoy.

Consideró que el plan de titulación que ejecuta el Estado no representa una solución a los problemas de registro de la propiedad, ya que para lograr un éxito adecuado es necesario vincular a todos los sectores preocupados por la situación.

Indicó, además, que las empresas que tienen las obras están trayendo al país profesionales extranjeros para trabajar, lo que trae como consecuencia una fuga de capital, de conocimiento e información geográfica nacional que afecta su soberanía.

Dijo que también está el problema del grado académico, ya que las universidades del país han quedado rezagadas, convirtiéndose en una especie de vergüenza internacional, ya que no han sido capaces de actualizar su pénsum desde hace 30 años.
Miguel Valoy pidió que los agrimensores puedan tener mayor participación en la solución de los problemas de registro de propiedad, ya que un título le toma a una persona uno o dos años sacarlo.