BASAVILBASO. El peón de campo Fabián Tomasi no estaba entrenado para usar pesticidas. Tenía que llenar los tanques de los rociadores lo más rápido posible para que siguiesen fumigando, lo que frecuentemente implicaba ducharse en sustancias tóxicas. Hoy, a los 47 años, es un esqueleto en vida.

La maestra de escuela Andrea Druetta vive en la provincia de Santa Fe, donde está prohibido rociar agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Pero se siembra y fumiga soja a 30 metros de su casa y sus hijos fueron rociados con veneno mientras nadaban en su piscina. Luego del fallecimiento de su bebé recién nacido por una falla renal, Sofía Gatica hizo una denuncia que dio lugar a la primera condena que hubo en Argentina por el uso ilegal de sustancias agroquímicas.

El veredicto del año pasado, no obstante, llegó demasiado tarde para sus 5.300 vecinos de Ituzaingó Anexo. Un estudio del gobierno encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en su agua potable, y un 80% de los niños examinados tenían rastros de pesticidas en su sangre.

AP documentó decenas de casos en provincias agricultoras donde se emplean sustancias tóxicas en maneras que no fueron previstas por las regulaciones señaladas por la ciencia o que estuvieran prohibidas por la ley, y en un contexto de pocos controles estatal. El viento arrastra los tóxicos, que quedan esparcidos en escuelas y viviendas al tiempo que han contaminado fuentes de agua.