AI denuncia impunidad de los cuerpos
seguridad del Estado que violan mujeres

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Madrid, 7 mar (EFE).- Una de cada cinco mujeres en el mundo sufre una violación o un intento de violación al menos una vez en la vida, la mayor parte de las veces por parte de un familiar o un conocido, pero otras tantas a manos de extraños y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, militares o policías.

Cuando los agresores son miembros del Estado, la situación es doblemente preocupante porque aumenta la impunidad, falla la justicia y no se reparan los daños sufridos por la víctima.

Así se pone de relieve en el informe «Ni abusos de poder, ni impunidad», presentado hoy por la responsable de campañas e investigación de Amnistía Internacional España (AI), Eva Suárez-Llanos, en víspera del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con este informe, las agresiones sexuales se producen en las zonas de conflicto armado, donde se utilizan como «un arma de guerra para humillar, castigar, infundir temor o provocar desplazamientos de la población», pero también ocurren en países que no están en guerra, sobre todo en comisarías, prisiones o centros de inmigración u otras instituciones del Estado.

Este tipo de abusos se dan en todos los países del planeta, incluida Europa, donde las víctimas son sobre todo inmigrantes indocumentadas que no pueden o no quieren denunciar estas agresiones, explicó Suárez-Llanos.

Según esta responsable de AI, cuando un funcionario de prisiones agrede sexualmente de una presa, un soldado viola a una mujer en un conflicto o un policía efectúa un registro sin ropa a una detenida, el caso es doblemente flagrante porque «el Estado está incumpliendo normas del derecho internacional, que obligan a los gobiernos a respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres».

Entre los países analizados en el informe figura México, donde las mujeres sufren índices elevadísimos de discriminación y violencia, especialmente las indígenas, precisó Suárez-Llanos, quien hizo un llamamiento al nuevo Gobierno mexicano para que persiga estos abusos cometidos por policías y militares, los juzgue y asegure a las víctimas una atención médica eficiente.

El informe recoge casos concretos como el de Inés, una indígena violada el 22 de marzo de 2002 por unos soldados, o el de Valentina, de 17 años, que fue agredida por varios encapuchados y que cinco años después de denunciarlo aún espera que se haga justicia.

Para México, AI acaba de solicitar una «Acción Urgente» para reclamar justicia por el caso de Ernestina Ascensio, una indígena de 72 años que fue violada y torturada colectivamente por varios soldados del 63 batallón de infantería del ejército el pasado 25 de febrero y que falleció días después por los graves daños internos sufridos en la agresión.

En la República Democrática del Congo, se estima que decenas de miles de mujeres han sido violadas por las fuerzas combatientes desde que comenzó el conflicto en agosto de 1998.

También en Colombia, los paramilitares respaldados por el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado la violación y la tortura contra las mujeres para generar miedo y silenciar los derechos humanos, explicó Laura Inés Badillo, delegada internacional para Europa de la Ruta Pacífica de Mujeres.

Esta ONG nació de la unión de varias asociaciones de mujeres que salieron a la calle para denunciar que el 95 por ciento de las mujeres de un municipio rural colombiano había sido violadas.

El informe de AI añade que en Nigeria, por ejemplo, las violaciones por parte de policías son un hecho «endémico», y que sólo en Sudán, se calcula que en cinco semanas, se registraron más de 200 violaciones en el campo de refugiados de Darfur.

Para luchar contra esta impunidad, AI ha lanzado la campaña «No más violencia contra las mujeres» en la que insta a los Estados a cumplir los protocolos internacionales y las resoluciones de la ONU que recomiendan defender los derechos humanos de las mujeres y a poner en marcha mecanismos de ayuda a las víctimas y programas de formación para los miembros de seguridad del Estado. EFE

 

 

La violencia sexual, «la gran vergüenza de la guerra», dice ONU

Isabel Coello
Nairobi, 7 mar (EFE).- Calificada como «la gran vergüenza de la «guerra» y «uno de los mayores silencios de la historia», la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conflicto fue hoy el foco de una campaña lanzada por diez agencias de la ONU, en víspera del Día Internacional de la Mujer.

«La violencia sexual es la gran vergüenza de la guerra y ninguno de nosotros hemos hecho suficiente ni para prevenirla, ni para castigar a sus autores ni para asistir a sus víctimas», dijo el asesor especial del departamento de Coordinación de Emergencias de la ONU, Dennis McNamara.

«Es difícil obtener cifras sobre el número de violaciones que tienen lugar en las guerras, pero la cifra concreta, es irrelevante. Lo que sabemos es que son cientos de miles las mujeres violadas en la República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán, Bosnia o Kosovo, con casi total impunidad», agregó.

El asesor especial relató que cuando visitó el mes pasado la región sudanesa de Darfur, constató que una de los problemas principales de la población desplazada es la violencia sexual.

«Las mujeres y niñas siguen estando desprotegidas. Para la misión humanitaria más importante del mundo en este momento, que eso sea así es sin duda una gran vergüenza», señaló.

McNamara presentó en Nairobi la iniciativa «Paremos las violaciones ya», una acción mundial que ha reunido a diez agencias y programas de Naciones Unidas para luchar globalmente contra la violencia sexual infligida a mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado.

«Esta iniciativa es un esfuerzo en relación a uno de los grandes silencios de la historia: el de la violencia sexual durante los conflictos», señaló el alto funcionario.

«Lo sabemos, tenemos la evidencia, y aún así estamos haciendo muy poco», concluyó.

En el acto participó también la directora de la organización Acción Urgente África, Betty Murungi, que destacó que aunque se han producido avances en el discurso sobre derechos humanos y en la jurisprudencia, fruto de los cuales la violación ya se considera un crimen de guerra y contra la humanidad, falta poner más énfasis en la prevención y en la respuesta a las víctimas.

«Cuando hablo con las supervivientes del genocidio de Ruanda que fueron violadas, a menudo me dicen: »Vosotros los abogados estaréis muy contentos, pero nosotras nos estamos muriendo»», relató Murungi.

Añadió que para muchas otras víctimas, como las de Sierra Leona, la prioridad no es declarar en tribunales internacionales, sino recibir ayuda o medicamentos para el sida.

Por su parte, la diputada keniana Njoki Ndungu, quien promovió el año pasado una ley para castigar la violencia sexual, destacó la importancia de luchar contra ella «también en tiempos de paz».

La diputada sostuvo que la violencia sexual de la guerra no ocurre sola, sino que se intensifica respecto a la que ya se produce a diario en el país en ausencia de conflicto.

«Fíjense en Sudáfrica, un país en paz: allí se produce un asalto sexual cada tres minutos. Y en Kenia, donde tampoco hay guerra, hay una violación cada media hora», recalcó.

«Como diputados podemos legislar para castigar estos actos, por eso es vital implicar a los parlamentarios, y sobre todo a los varones, porque muchos políticos no se sienten afectados por la violencia contra las mujeres», dijo Ndungu, quien recordó que su proyecto de ley suscitó mucha resistencia e incluso comentarios jocosos por parte de algunos diputados kenianos.

En la iniciativa lanzada hoy participan, entre otras agencias de la ONU, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de para las Mujeres (UNIFEM), el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. EFE

 

 

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