Al igual que cualquier empresa en el país, los planteles educativos privados miembros a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep) tienen que pagar Anticipo Fiscal, Impuesto Sobre la Renta (ISR), Seguridad Social, entre otras cargas impositivas, por lo que debido a estos gastos es necesario crear un régimen tributario especial para el sector educativo privado, de manera que los centros puedan subsistir como formadores educativos y como generadores de empleos.
Así lo expresó ayer Julia Muñiz, directora de Ainep, quien añadió que aparte de la carga impositiva, los centros educativos presentan un alto nivel de costos operativos, a los que se añaden las remodelaciones anuales que deben hacer para ofrecer un servicio de calidad.
De acuerdo a una gráfica mostrada por la Ainep, en el período escolar 2016-2017 el promedio de inversión en ampliación y remodelación de los planteles fue de más de RD$220 millones.
Muñiz consideró que no existe coherencia en el actual sistema regulatorio del sector educativo privado, donde confluyen distintas instituciones que no actúan de manera uniforme.
“Por un lado tenemos al Ministerio de Educación, por otro a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Dirección General de Aduanas (DGA), al Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), entre otros”, indicó.
Resaltó que en un estudio que realizaron el año pasado, un 92% de los centros educativos manifestó que la DGA no cumple con el acápite b del artículo 199 de la Ley de Educación 66-97.
Explicó que si bien la Ley 66-97 exonera a los centros educativos pre-universitarios del pagos de Itbis a las importaciones de materiales, equipos, textos e implementos necesarios para las actividades educativas, este mandato presenta debilidad a la hora de ser solicitado por uno de los beneficiarios.
“Hay que crear un marco jurídico económico coherente con el sector educativo privado, ya que las actuales regulaciones no están actualizadas y deben adecuarse a la realidad”, dijo.